Declaración sobre la Calificación de la Trata de Africanos
Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos como el
Crimen de Lesa Humanidad más Grave
A/RES/80/250
registros, y que millones de hombres, mujeres y niños africanos más perdieron la vida
durante su captura, detención y trata a través de los océanos,
Reconociendo también que diversas tradiciones jurídicas y morales de todo el
mundo han afirmado la dignidad inherente de todos los seres humanos, y
reconociendo en particular la jurisprudencia africana, como la Kouroukan Fouga
(Carta del Mandén) de 1235, que estableció, en su artículo 5, que toda persona tiene
derecho a la vida y a la preservación de su integridad física, y que consagró la
primacía de la vida sobre la propiedad,
Reconociendo además que los africanos y las personas afrodescendientes no han
dejado de resistirse desde el principio a los crímenes de la esclavitud y la trata de
esclavos, ni de oponerse a ellos y combatirlos judicialmente, entre otras cosas a través
de la tradición abolicionista africana que se remonta a más de seis siglos atrás, los
primeros actos de resistencia y los testimonios, la diplomacia estatal, las luchas
armadas y el recurso estratégico a los tribunales y a las peticiones para reivindicar los
derechos humanos, la dignidad, la autonomía sobre el cuerpo y la soberanía territorial,
Tomando nota de la codificación progresiva de la esclavitud racializada de los
africanos en todo el mundo, en especial por medio de las bulas papales Dum Diversas,
de 18 de junio de 1452, y Romanus Pontifex, de 8 de enero de 1455, que autorizaban
la reducción de las personas africanas a la “esclavitud perpetua”; el criterio comercial
portugués denominado peça de Índias (“pieza de Indias”) de 1 de julio de 1513, según
el cual se consideraba jurídicamente a los africanos esclavizados como unidades de
acumulación, de modo que las mujeres, los niños y las personas de edad de África se
cuantificaban como fracciones de un esclavo varón de primera categoría tomado como
valor de referencia; el Asiento de Negros español, formalizado el 18 de agosto
de 1518, que convertía a las personas africanas en una “mercancía sujeta a
tributación” en el marco de un monopolio comercial autorizado por el Estado; la Carta
de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, de 3 de junio de 1621, que
aplicaba el derecho romano-neerlandés para clasificar a los africanos en la categoría
de res mobiles (bienes muebles); el Código de Esclavos de Barbados, de 14 de mayo
de 1661, que clasificaba formalmente a los africanos como “bienes muebles” en virtud
de la legislación inglesa; el Código Negro francés de marzo de 1685, que definía
jurídicamente a los africanos esclavizados como meubles (bienes muebles)
desprovistos de todo derecho; y el principio jurídico de partus sequitur ventrem (“lo
que nace sigue al vientre”), adoptado en Virginia en diciembre de 1662, que en su
momento estableció un estatuto de propiedad sin precedentes que se heredaba
biológicamente a través del útero de las madres africanas esclavizadas,
Recordando la aparición, en el siglo XVIII, de ciertas controversias jurídicas y
novedades en el ámbito judicial que cuestionaban la legalidad y la moralidad de los
sistemas de esclavitud de los africanos,
Recordando también el Acta Final del Congreso de Viena, el Acta núm. XV,
titulada “Declaración de las Potencias para la Abolición del Comercio de Negros,
firmada en Viena el 8 de febrero de 1815”, en la que los plenipotenciarios
reconocieron que la trata de esclavos era contraria a los principios de la humanidad y
de la moral universal, y, en nombre de sus soberanos, expresaron su deseo de poner
término a una calamidad que había desolado por tanto tiempo África, envilecido a
Europa y afligido a la humanidad,
Acogiendo con beneplácito el centenario, en septiembre de 2026, de la
Convención para la Supresión de la Trata de Esclavos y la Esclavitud (Convención
sobre la Esclavitud), aprobada por la Sociedad de las Naciones en 1926 7, y haciendo
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Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 60, núm. 1414.
26-04285
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