A/RES/54/182
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g) El compromiso expreso del Gobierno del Sudán de respetar y promover los derechos humanos y
el estado de derecho, así como de emprender un proceso de democratización con el fin de establecer un
gobierno representativo y responsable, que refleje las aspiraciones del pueblo del Sudán;
h) La enunciación de los derechos humanos y de las libertades básicas en la Constitución del Sudán
que entró en vigor el 1 de julio de 1998;
i)
El establecimiento del Tribunal Constitucional que ha estado en funciones desde abril de 1999;
j) La creación del Comité para la Erradicación del Secuestro de Mujeres y Niños, como una respuesta
constructiva del Gobierno del Sudán, así como la cooperación que han prestado al Comité las comunidades
locales y el apoyo de la comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales;
k)
Los esfuerzos desplegados para hacer efectivo el derecho a la educación;
l) Los compromisos que ha contraído el Gobierno del Sudán con el Representante Especial del
Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, especialmente el de no reclutar a
niños menores de 18 años como soldados;
m) Los esfuerzos realizados para resolver el problema de los desplazados internos;
2.
Observa con profunda preocupación:
a) Las repercusiones del conflicto armado actual en la situación de los derechos humanos y sus
aspectos nocivos para la población civil, en particular las mujeres y los niños, y el hecho de que todas las
partes en el conflicto sigan perpetrando graves violaciones de los derechos humanos y de las disposiciones
pertinentes del derecho humanitario internacional, en particular:
i)
Los casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias debidos a conflictos armados entre
miembros de las fuerzas armadas y sus aliados y los grupos insurgentes armados, en particular el
Ejército de Liberación del Pueblos Sudanés;
ii)
Los casos de desapariciones forzosas o involuntarias, de uso de niños como soldados y
combatientes, de alistamiento forzoso, de desplazamientos forzosos, de detenciones arbitrarias, y
de torturas y malos tratos de civiles, en el marco del conflicto en el Sudán meridional;
iii) El secuestro de mujeres y niños para someterlos a trabajos forzados o a condiciones similares;
iv) El uso de armas, incluidas minas terrestres, contra la población civil;
b) Las violaciones de los derechos humanos en las zonas que se encuentran bajo el control del
Gobierno del Sudán, en particular:
i)
Los casos generalizados de tortura y de detención arbitraria que afectan, entre otros, a los
defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos, así como la falta de
un debido proceso legal y las medidas de intimidación y hostigamiento contra la población,
principalmente por parte de los órganos de seguridad;
ii)
Los casos de restricciones de la libertad de religión y de reunión pacífica;
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