Protección de los migrantes
A/RES/80/218
migrantes durante esta práctica, que transfiere el control de la migración, la
tramitación del asilo y la readmisión a terceros países, cumpliendo con las
obligaciones internacionales,
Reafirmando su compromiso de preservar la vida de todos los migrantes y tomar
medidas para evitar su pérdida y, en este contexto, siguiendo profundamente
preocupada por el hecho de que miles de migrantes, en particular mujeres y niños,
continúen muriendo o desapareciendo cada año a lo largo de peligrosas rutas por tierra
y por mar,
Destacando la importancia de que, a todos los niveles de gobierno, todas las
leyes y reglamentos relativos a la migración irregular estén en consonancia con las
obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, incluido el derecho
internacional de los derechos humanos,
Expresando preocupación y condena por la creciente tendencia que se observa
en las sociedades de actos, manifestaciones y expresiones de racismo, discriminación
racial, xenofobia y otras formas de intolerancia y hostilidad hacia los migrantes y las
diásporas, y por los estereotipos negativos que se les suelen aplicar, en particular
sobre la base de la religión o las creencias, que afectan negativamente a la realización
de los derechos humanos en todo el mundo,
Destacando la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de
los migrantes independientemente de su situación migratoria, incluso al aplicar sus
políticas específicas en materia de migración y seguridad fronteriza, y expresando su
preocupación por las medidas que, particularmente en el contexto de las políticas
encaminadas a reducir la migración irregular, tratan a esta como delito y no como
falta administrativa, con la consiguiente denegación del pleno disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, y recordando, a este
respecto, que las sanciones que se impongan a los migrantes irregulares y el trato que
se les dispense deben guardar proporción con las faltas que hayan cometido,
Consciente de que, a medida que los delincuentes aprovechan las corrientes
migratorias y tratan de eludir las políticas de inmigración restrictivas y los controles
de fronteras, los migrantes quedan más expuestos, entre otras cosas, al secuestro, la
extorsión, el trabajo forzoso, la explotación sexual, las agresiones físicas, la
servidumbre por deudas y el abandono,
Consciente también de que las políticas de gobernanza fronteriza que no
respetan los derechos humanos y que son contrarias a las obligaciones asumidas por
los Estados en virtud del derecho internacional, y que no combaten la impunidad
generalizada de quienes violan los derechos humanos de los migrantes, son factores
que limitan las vías para la migración segura, ordenada y regular y pueden derivar en
la muerte o desaparición de migrantes, en particular de aquellos que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad,
Preocupada por que los niños migrantes, incluidos los no acompañados o
separados de sus progenitores o cuidadores principales, son especialmente
vulnerables a lo largo de su travesía migratoria, y reafirmando el compromiso de
proteger los derechos del niño y defender el principio del interés superior del niño,
Reconociendo las obligaciones que tienen los países de origen, tránsito y destino
en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, así como la necesidad
de que adopten políticas de migración con un enfoque amplio e integral y faciliten la
migración segura, ordenada, regular y responsable y la movilidad de las personas, de
conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos y, cuando proceda, en consonancia con los
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