Protección de los migrantes A/RES/80/218 18. Alienta a los Estados, según proceda, a que aborden los obstáculos prácticos, como los lingüísticos, que puedan encontrar los migrantes en los países de destino y les faciliten información suficiente sobre sus derechos, incluido el de recibir asistencia consular, antes de que salgan de su país de origen; 19. Exhorta a los Estados Miembros a que se comprometan a formular políticas y leyes migratorias nacionales inclusivas de la discapacidad y con perspectiva de género e infantil, en consonancia con las obligaciones pertinentes del derecho internacional, para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todas las mujeres y niños migrantes, independientemente de su situación migratoria, y destaca además, en ese sentido, la importancia de garantizar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en la formulación y aplicación de las políticas migratorias, reconociendo al mismo tiempo su independencia, su capacidad de acción y su liderazgo; 20. Invita a los Estados Miembros a que proporcionen a los migrantes recién llegados amplia información y orientación jurídica sobre sus derechos y obligaciones, que sea específica para ellos, tenga en cuenta la perspectiva de género e infantil y sea accesible, por ejemplo, sobre el cumplimiento de las leyes nacionales y locales, la obtención de permisos de trabajo y residencia, la modificación del estatus, el registro ante las autoridades, el acceso a la justicia para denunciar violaciones de sus derechos y el acceso a los servicios básicos; 21. Alienta a los Gobiernos a que velen por que el regreso de los migrantes que no tengan derecho a permanecer legalmente en el territorio de otro Estado se produzca en condiciones de seguridad y dignidad y tras una evaluación individual, sea ejecutado por las autoridades competentes mediante una cooperación pronta y efectiva entre los países de origen y destino, y permita que se agoten todas las vías de recurso legal aplicables, de conformidad con las debidas garantías procesales y otras obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; 22. Exhorta a los Estados a que velen por que los migrantes que quizá estén en una situación vulnerable en fronteras internacionales tengan acceso a asistencia y socorro, sea cual sea su situación migratoria, y a que creen un entorno seguro y propicio en el que los agentes humanitarios que prestan esa atención puedan actuar sin obstáculos ni inseguridad, en particular garantizando que las disposiciones jurídicas y administrativas internas y su aplicación faciliten la labor de todos los agentes que prestan asistencia humanitaria y defienden los derechos humanos de los migrantes en tránsito, entre otras acciones impidiendo que se criminalice y estigmatice la labor de los agentes humanitarios, y que se la dificulte, obstruya o restrinja de una manera que no esté en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos; 23. Alienta a los Estados a que velen por que los acuerdos que regulan la llegada de migrantes, transfieren la tramitación del asilo fuera de sus fronteras o permiten la readmisión o la expulsión a terceros países sean plenamente acordes con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud de derecho internacional, incluido el derecho de los derechos humanos, y por que esos acuerdos incluyan salvaguardias vinculantes, se basen en la buena fe y la responsabilidad compartida entre los Estados, y estén sujetos a evaluaciones periódicas del impacto en los derechos humanos y a mecanismos accesibles de denuncia y reparación para reforzar la transparencia; 24. Alienta también a los Estados a que refuercen la cooperación, el intercambio de información y la coordinación a todos los niveles, en particular entre los países de origen, tránsito y destino, y con las organizaciones humanitarias internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los propios migrantes y sus 25-20973 13/14

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