A/HRC/48/78
a estas, que claramente no eran una prioridad de los actores estatales en la costa del Golfo de
México. La preparación implicaba hacer que las infraestructuras evolucionaran hacia la
energía renovable, es decir, hacia fuentes de energía que pudieran estar disponibles
inmediatamente después de un desastre climático. De cara a la preparación también era
preciso mantener un diálogo sobre la crisis climática y las soluciones que permitieran
adaptarse a acontecimientos inminentes y mitigar el impacto de la explotación y el
extractivismo humanos. Cabía también tener en cuenta el contexto. A ese respecto, el acceso
al agua potable y al alcantarillado ya era limitado en las comunidades del sur, en las
comunidades de raza negra y en las comunidades que estaban en la primera línea de riesgo,
incluso antes de que los desastres climáticos se convirtieran en habituales. Abandonar la
energía basada en los combustibles fósiles y los motores de combustión para abrazar las
energías renovables y limpias equivalía también a comprometerse con una recuperación
eficaz en casos de desastre, dado que el acceso a la energía solar, eólica e hidráulica permitiría
a las comunidades recuperarse más rápidamente. Un obstáculo considerable que se planteaba
en la conversación sobre el clima era el arraigo de perspectivas basadas en el capitalismo, la
opresión y la obtención de beneficios por parte de unos pocos. En el diálogo sobre el clima
no se abordaban los principios de equidad, reparación y justicia ni se tenían en cuenta otras
conversaciones complejas que estaban manteniendo movimientos sociales de todo el mundo.
La crisis climática era un problema que concernía a la población negra y afectaba a los
afrodescendientes de todo el mundo, y en a cuyo respecto era urgente aplicar criterios de
equidad, reparación y justicia.
33.
Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH),
afirmó que el cambio climático había hecho a Honduras extremadamente vulnerable frente a
los desastres naturales y el impacto de los huracanes. Los garífunas, hondureños de
ascendencia africana, vivían en las regiones costeras más afectadas del país. El modelo
productivo nacional había convertido a Honduras en una sociedad agrícola de monocultivo,
generalmente en detrimento de la población local. Enormes plantaciones de palma africana
habían reemplazado a los cultivos alimentarios. Los métodos tradicionales de producción de
alimentos se habían perdido al sustituirse gran cantidad de hectáreas de bosque por
monocultivos. A lo largo de todo ese proceso, los responsables de la toma de decisiones no
habían reconocido los verdaderos efectos de la desatención y no habían aprendido de las
diversas experiencias y problemas de las comunidades. La crisis climática exigía reexaminar
los modelos de producción y consumo existentes, dada la desproporcionada relación que
existía entre el costo y los beneficios de los megaproyectos industriales con respecto a su
impacto. Los modelos de producción y consumo actuales afectaban a toda la humanidad en
general y a las comunidades negras vulnerables en particular.
34.
Sharon Lavigne, fundadora de RISE St. James, habló del impacto de decenios de
racismo ambiental. Afirmó que la avaricia de la industria y el racismo sistémico eran
enfermedades cuyos síntomas resultaban evidentes en el suelo y el aire de Luisiana, en el
denominado “Callejón de la Muerte” (Death Alley). La Sra. Lavigne había residido toda su
vida en el condado de St. James, Luisiana (Estados Unidos de América), una ciudad situada
en el tramo de 85 millas del río Misisipi que discurre entre Baton Rouge y Nueva Orleans en
la que el 85 % de los residentes son afroamericanos. Esa zona, caracterizada por la ubicación
de más de 100 plantas petroquímicas y refinerías, venía denominándose “Callejón del
Cáncer” (Cancel Alley), dada la prevalencia de esta dolencia entre sus residentes. En la
actualidad había sido rebautizada como “Callejón de la Muerte” por la comunidad. Podía
decirse que St. James había sido devastada por la explotación industrial: la gente no podía
beber el agua, plantar un huerto o respirar aire puro. Los habitantes de la ciudad sufrían
elevados índices de cáncer, enfermedades respiratorias y otros graves problemas de salud por
su exposición a los contaminantes industriales. Cuando se produjo la pandemia de
COVID-19, un número desproporcionado de residentes falleció por la debilidad de su sistema
inmunitario, ocasionada por la contaminación industrial. Las disparidades raciales quedaban
patentes incluso en la esfera inmobiliaria, en la que se había favorecido a los propietarios
blancos con la adquisición de sus viviendas, mientras que se dejaba a los propietarios de raza
negra como tenedores involuntarios de bienes inmuebles en medio de áreas industriales. Con
todo, los dirigentes estatales siguieron viendo a la comunidad como prescindible: en la
primavera de 2018, sin consultar a la comunidad, el Gobernador de Luisiana anunció que se
había aprobado un emplazamiento para un nuevo proyecto que implicaba la creación
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