A/HRC/RES/37/31 Sur establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) del Consejo de Seguridad, de 3 de marzo de 2015, Observando con gran preocupación todas las decisiones y comunicados en la materia de la Unión Africana y de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, así como el comunicado del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana de 22 de septiembre de 2017, en el que, entre otras cosas, el Consejo condenaba enérgicamente todos los actos de violencia sexual y de género y el reclutamiento ilícito de niños para actividades militares y exhortaba al Gobierno de Sudán del Sur a que investigara los delitos denunciados y obligara a los responsables a rendir cuentas sin demora, y su comunicado de 8 de febrero de 2018, en el que, entre otras cosas, reiteraba el llamamiento de la Unión Africana a Sudán del Sur para que firmara sin más demora el memorando de entendimiento sobre el establecimiento del tribunal híbrido para Sudán del Sur, Acogiendo con beneplácito que el Gobierno de Sudán del Sur se haya comprometido a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico universal y la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur en el cumplimiento de su mandato, Exhortando a todas las partes en el conflicto a que apliquen plenamente el Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur y concierten un alto el fuego permanente, y recordando a las partes sus obligaciones internacionales, incluidas las relativas a la protección de los civiles, así como sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre el Cese de las Hostilidades de 21 de diciembre de 2017, y expresando gran preocupación ante las infracciones persistentes y verificadas de dicho Acuerdo por las partes, e instándolas a emprender la vía de una resolución pacífica del actual conflicto por conducto del Foro de Alto Nivel para la Revitalización auspiciado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, Reiterando la preocupación manifestada por el Consejo de Derechos Humanos con respecto a la incitación al odio de motivación étnica y la violencia ejercidas por todas las partes, las denuncias de ataques a civiles en razón de su pertenencia étnica y de propagación de la violencia sexual y de género, el recrudecimiento de la violencia y los ataques contra civiles y centros de atención de la salud, Expresando gran preocupación por los 5,1 millones de sursudaneses que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, los 1,9 millones de desplazados internos en Sudán del Sur y los aproximadamente 2,4 millones de desplazados fuera del país, observando que la crisis humanitaria tiene su causa principal en los conflictos, encomiando a los organismos humanitarios por su continuada labor de asistencia a las poblaciones afectadas, y recordando la necesidad de que todas las partes en el conflicto permitan y faciliten un acceso pleno, seguro y sin trabas del personal, equipos y suministros sin sujeción a gravamen o impuesto alguno, y la entrega sin demora de asistencia humanitaria a todas las personas que la necesiten, en particular los desplazados internos y los refugiados, con arreglo a los principios rectores de las Naciones Unidas en materia de asistencia humanitaria, entre ellos la humanidad, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia, Poniendo de relieve la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas, y subrayando que los ataques contra civiles y contra las misiones de las Naciones Unidas pueden constituir crímenes de guerra, Condenando en los términos más enérgicos todos los ataques contra el personal humanitario y sus instalaciones, que se han saldado con la muerte de al menos 95 trabajadores humanitarios desde diciembre de 2013, expresando gran preocupación por los civiles que se guarecieron en los emplazamientos de protección de civiles y que han sufrido ataques, han perdido la vida, han quedado traumatizados o se han visto desplazados, y por los graves daños causados en esos emplazamientos, y en particular en sus dispensarios y centros escolares, que fueron incendiados y destruidos, y por la violencia sexual y de género ejercida en todo el país contra mujeres y niñas que salían de emplazamientos de protección de civiles, 2 GE.18-05895