A/HRC/RES/39/6 género, amenazas, intimidaciones y actos de acoso, tanto en Internet como por otros medios; 3. Condena enérgicamente la impunidad reinante por las agresiones y los actos de violencia contra periodistas y expresa gran preocupación por que la inmensa mayoría de esos delitos queden impunes, lo que a su vez contribuye a que se repitan, y exhorta a los Estados a que formulen y pongan en práctica estrategias para luchar contra la impunidad de las agresiones y los actos de violencia contra periodistas, entre otros medios recurriendo, cuando proceda, a buenas prácticas como las definidas en la mesa redonda celebrada el 11 de junio de 2014 o las recogidas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre dicho acto 2, entre las que figuran: a) la creación de dependencias especiales de investigación o comisiones independientes, b) el nombramiento de un fiscal especializado y c) la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos; 4. Insta a los Estados a que garanticen la rendición de cuentas realizando investigaciones imparciales, prontas, minuciosas, independientes y efectivas de todas las denuncias de actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que competan a su jurisdicción, lleven a los autores de esos delitos ante la justicia, incluidos quienes ordenen cometerlos o conspiren para ello, sean cómplices en ellos o los encubran, y velen por que las víctimas y sus familias tengan acceso a recursos apropiados; 5. Insta a quienes corresponda a que dejen en libertad, de inmediato y de manera incondicional, a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que hayan sido detenidos o recluidos arbitrariamente, tomados como rehenes o que hayan sido víctimas de desaparición forzada; 6. Condena inequívocamente las medidas cuyo objetivo o efecto deliberado es, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos, impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en Internet o por otros medios, que socavan la labor de información a la sociedad que realizan los periodistas, incluidas las medidas cuyo fin es bloquear o desactivar ilícita o arbitrariamente sitios web de medios de comunicación, como los ataques de negación de servicio, y exhorta a todos los Estados a que se abstengan de aplicar esas medidas, que causan un daño irreparable a la labor tendente a construir sociedades del conocimiento y democracias inclusivas y pacíficas; 7. Expresa preocupación por la propagación, en Internet y por otros medios, de desinformación y propaganda que pueden tener por objeto engañar a la población, violar derechos humanos como el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, e incitar a la violencia, el odio, la discriminación o la hostilidad, y pone de relieve la importante contribución que hacen los periodistas para contrarrestar esa tendencia; 8. Insta a los dirigentes políticos, los cargos públicos y las autoridades a que se abstengan de denigrar, intimidar o amenazar a los medios de comunicación o a periodistas concretos, socavando así la confianza en la credibilidad de los periodistas y el respeto de la importancia del periodismo independiente; 9. Insta a los Estados a que hagan todo lo posible para prevenir los actos de violencia, las intimidaciones, las amenazas y las agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, en particular: a) Incrementando y acelerando los esfuerzos para crear y mantener, en la legislación y en la práctica, un entorno seguro y propicio para que los periodistas puedan realizar su labor en forma independiente y sin injerencias indebidas; b) Sensibilizando a la población sobre la importancia de contar con unos medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales, que sean independientes, plurales y diversos, y haciendo todo lo posible por que esto sea realidad; 2 4 A/HRC/27/35. GE.18-16414

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