A/81/339 registros de los que dependen los derechos legales. Las reclamaciones relacionadas con la vivienda, la tierra y la propiedad no son solo consecuencia de la devastación masiva; a menudo son un factor que provoca conflictos y desplazamientos. El ejercicio de estos derechos depende de que las instituciones funcionen correctamente y estén facultadas para resolver reclamaciones relacionadas con la vivienda, la tierra y la propiedad, así como para expedir y sustituir la documentación correspondiente. 38. La reconstrucción se ve a menudo obstaculizada por la destrucción, la confiscación, la pérdida o la falsificación de catastros, registros de propiedad y otros registros que acreditan la titularidad y la residencia. El no reconocimiento de regímenes de tenencia colectiva, consuetudinaria o informal puede complicar aún más el retorno y excluir a los desplazados de los programas de reconstrucción. En contextos afectados por desastres, la relocalización planificada ha hecho que, en algunos casos, las comunidades reubicadas se sientan inseguras cuando las viviendas que se les adjudicaron carecían de especificaciones sobre la titularidad, lo que las exponía al riesgo de desalojo 43. La ocupación secundaria de viviendas, en la que las personas afectadas recurren a edificios abandonados o asentamientos informales como estrategia de supervivencia, plantea un reto adicional: su resolución exige salvaguardias para los ocupantes frente al desalojo arbitrario y la falta de hogar, además de la restitución a favor del propietario original. 39. Se han puesto en práctica diversas medidas para hacer frente a estos retos. En Kosovo 44, tras el conflicto de 1998-1999, la Dirección de Vivienda y Propiedades y las instituciones que la sucedieron desarrollaron un marco probatorio alternativo que permitía a los solicitantes demostrar la titularidad mediante testimonios de testigos, documentos secundarios y registros históricos, con lo que se resolvieron más de 70.000 reclamaciones entre 1999 y 2019 45 . Las herramientas relativas a la tierra también se han adaptado de contextos de desarrollo a situaciones de devastación masiva. El modelo para el ámbito de la tenencia social 46 utiliza el cartografiado comunitario basado en imágenes satelitales anteriores al conflicto o al desastre para vincular a las personas con los espacios y localizar los edificios preexistentes en los que la destrucción es grave, mientras que el enfoque de administración territorial idónea ofrece un método participativo para registrar todo tipo de derechos de tenencia en los casos en que los registros sean inexactos o no existan 47. En Colombia, la Corte Constitucional dictaminó en 2012 que no se puede llevar a cabo ningún desalojo a menos que la autoridad territorial garantice previamente un alojamiento temporal en condiciones dignas y la inclusión del hogar en un proceso de acceso a la vivienda que conduzca a una solución permanente 48. 40. Se recomienda, especialmente en contextos posconflicto, contar con mecanismos específicos, accesibles y dotados de recursos suficientes para la solución de controversias relacionadas con la vivienda, la tierra y la propiedad. Los mecanismos locales y tradicionales de solución de controversias también pueden desempeñar un papel importante, aunque, en determinados casos, pueden perpetuar las asimetrías de poder. Las mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de discriminación y exclusión en los procesos relacionados con la reconstrucción en materia de vivienda, tierra y propiedad, incluso en lo que respecta a la herencia, la titularidad, la __________________ 43 Véase A/HRC/56/47. Las referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. 45 Véase https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/regulations/02english/E2000regs/ RE2000_60.htm; y https://omik.osce.org/sites/default/files/f/documents /2/7/454179.pdf. 46 Véase https://stdm.gltn.net/. 47 Banco Mundial y Federación Internacional de Agrimensores, Fit-For-Purpose Land Administration (2014); y A/HRC/47/37, párr. 78. 48 Comunicación de la Defensoría del Pueblo. 44 12/27 26-12053