A/HRC/55/49
la pesca y la acuicultura mediante la transferencia temporal de efectivo y en especie, así como
mediante la concesión de subvenciones a los insumos (por ejemplo, al combustible) 47.
40.
Se ha reconocido que la protección social y el trabajo decente son cuestiones
prioritarias48. No obstante, a nivel nacional, la mayor parte de los compromisos e
instrumentos internacionales pertinentes no han sido adoptados o aplicados plenamente 49 y,
en términos relativos, el sector pesquero está más atrasado al respecto.
II. Cambio climático, agotamiento de las poblaciones
de peces y degradación de la biodiversidad:
cuestiones de gobernanza y desigualdad
41.
La proporción de pesquerías insostenibles desde el punto de vista biológico ha
aumentado del 10 % en 1974 al 34,2 % en 2017. Además, se prevé que el cambio climático
cause pérdidas irreversibles en los ecosistemas de muchas regiones y tenga consecuencias
negativas para los modos de vida, la economía y la identidad cultural de las personas. El
cambio climático también está elevando la temperatura del agua y modificando los
comportamientos migratorios de los peces, cuyas poblaciones viajan a regiones de latitud
más alta obligando a los pescadores a desplazarse hacia los polos y a diversificar sus capturas.
Estos cambios en las pautas de comportamiento aumentan el riesgo de que se produzcan
conflictos transfronterizos entre los explotadores de pesquerías y afectan negativamente a la
distribución equitativa de los productos del mar. Las poblaciones vegetales y animales ya han
desaparecido en determinados lugares y se prevé una tendencia al aumento de las tasas de
extinción, especialmente en las regiones más cálidas. Es evidente que reducir la sobrepesca
y las prácticas insostenibles aumentaría las poblaciones de peces y la capacidad de adaptación
de la pesca50.
42.
La prospección y extracción de petróleo y gas en aguas abiertas y el ciclo de vida de
las instalaciones en alta mar son amenazas cada vez mayores para el clima y los pescadores
en pequeña escala. Las plataformas marítimas representan más del 30 % de la producción
mundial de petróleo y gas. La extracción en alta mar agrava la crisis climática, amenaza a
ecosistemas marinos enteros y genera desplazamientos por motivos económicos y
geográficos, por lo que atenta directamente contra varios derechos humanos y pone en peligro
la seguridad alimentaria de regiones enteras.
43.
Los oleoductos y gasoductos submarinos pueden representar un problema de
seguridad, ya que los equipos de pesca y las embarcaciones pueden enredarse en ellos, lo que
pone en peligro vidas y bienes. Los buques de transporte contaminan de forma continua los
océanos con hidrocarburos, metales tóxicos y sustancias peligrosas, en una práctica en auge
llamada “vertido de aguas de sentina”51. La contaminación acústica causada por las
actividades de perforación y prospección interfiere en los canales de comunicación y el
comportamiento migratorio de los peces. Por regla general, en la construcción de
infraestructuras se destruyen hábitats esenciales para los peces. Incluso tras clausurarse una
instalación marítima, los pozos abiertos o mal cerrados y las infraestructuras abandonadas
pueden seguir vertiendo petróleo, materiales radiactivos y otras sustancias tóxicas al mar52.
44.
La instalación de infraestructuras en alta mar suele ir acompañada del establecimiento
de zonas de exclusión en las que los pescadores no pueden acceder a las poblaciones de peces,
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10
Véase https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1382680/.
Véase, por ejemplo, la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; OIT, Recomendación
sobre los Pisos de Protección Social, 2012 (núm. 202); OIT, Convenio sobre el Trabajo en la Pesca,
2007 (núm. 188); Directrices Voluntarias, secc. 6; y FAO, Declaración de 2021 del Comité de Pesca
en favor de la Pesca y la Acuicultura Sostenibles (Roma, 2021).
FAO, El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022, pág. 144.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Hans-Otto Pörtner y otros, eds.,
Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (2022), págs. 19, 61, 200, 381, 382,
766 y 767.
Comunicación conjunta (42 firmantes) presentada por el Center for International Environmental Law.
Ibid.
GE.23-26071