Protección de los migrantes
A/RES/80/218
18. Alienta a los Estados, según proceda, a que aborden los obstáculos
prácticos, como los lingüísticos, que puedan encontrar los migrantes en los países de
destino y les faciliten información suficiente sobre sus derechos, incluido el de recibir
asistencia consular, antes de que salgan de su país de origen;
19. Exhorta a los Estados Miembros a que se comprometan a formular
políticas y leyes migratorias nacionales inclusivas de la discapacidad y con
perspectiva de género e infantil, en consonancia con las obligaciones pertinentes del
derecho internacional, para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos
de todas las mujeres y niños migrantes, independientemente de su situación
migratoria, y destaca además, en ese sentido, la importancia de garantizar la
participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en la formulación y
aplicación de las políticas migratorias, reconociendo al mismo tiempo su
independencia, su capacidad de acción y su liderazgo;
20. Invita a los Estados Miembros a que proporcionen a los migrantes recién
llegados amplia información y orientación jurídica sobre sus derechos y obligaciones,
que sea específica para ellos, tenga en cuenta la perspectiva de género e infantil y sea
accesible, por ejemplo, sobre el cumplimiento de las leyes nacionales y locales, la
obtención de permisos de trabajo y residencia, la modificación del estatus, el registro
ante las autoridades, el acceso a la justicia para denunciar violaciones de sus derechos
y el acceso a los servicios básicos;
21. Alienta a los Gobiernos a que velen por que el regreso de los migrantes
que no tengan derecho a permanecer legalmente en el territorio de otro Estado se
produzca en condiciones de seguridad y dignidad y tras una evaluación individual,
sea ejecutado por las autoridades competentes mediante una cooperación pronta y
efectiva entre los países de origen y destino, y permita que se agoten todas las vías de
recurso legal aplicables, de conformidad con las debidas garantías procesales y otras
obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;
22. Exhorta a los Estados a que velen por que los migrantes que quizá estén
en una situación vulnerable en fronteras internacionales tengan acceso a asistencia y
socorro, sea cual sea su situación migratoria, y a que creen un entorno seguro y
propicio en el que los agentes humanitarios que prestan esa atención puedan actuar
sin obstáculos ni inseguridad, en particular garantizando que las disposiciones
jurídicas y administrativas internas y su aplicación faciliten la labor de todos los
agentes que prestan asistencia humanitaria y defienden los derechos humanos de los
migrantes en tránsito, entre otras acciones impidiendo que se criminalice y
estigmatice la labor de los agentes humanitarios, y que se la dificulte, obstruya o
restrinja de una manera que no esté en consonancia con el derecho internacional de
los derechos humanos;
23. Alienta a los Estados a que velen por que los acuerdos que regulan la
llegada de migrantes, transfieren la tramitación del asilo fuera de sus fronteras o
permiten la readmisión o la expulsión a terceros países sean plenamente acordes con
las obligaciones que incumben a los Estados en virtud de derecho internacional,
incluido el derecho de los derechos humanos, y por que esos acuerdos incluyan
salvaguardias vinculantes, se basen en la buena fe y la responsabilidad compartida
entre los Estados, y estén sujetos a evaluaciones periódicas del impacto en los
derechos humanos y a mecanismos accesibles de denuncia y reparación para reforzar
la transparencia;
24. Alienta también a los Estados a que refuercen la cooperación, el
intercambio de información y la coordinación a todos los niveles, en particular entre
los países de origen, tránsito y destino, y con las organizaciones humanitarias
internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los propios migrantes y sus
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