A/HRC/48/78 blancos. Se observaba una mayor propensión de los afroamericanos a padecer enfermedades preexistentes que los hacían más vulnerables al contraer la enfermedad, y la desigualdad en el acceso a atención médica de calidad no hizo sino agravar la situación. Un factor importante que contribuía a la desproporcionada prevalencia de enfermedades preexistentes en la población negra de los Estados Unidos era la probabilidad mucho mayor de exposición a riesgos ambientales. En su reciente libro, From Here to Equality: Reparations for Black Americans in the Twenty-First Century, el Sr. Darity había catalogado una serie de amenazas ambientales para la salud de la población negra, entre ellas una mayor probabilidad de vivir en comunidades situadas cerca de lugares donde había desechos peligrosos, de exposición a intoxicaciones por dióxido de nitrógeno, de carecer de agua potable y de un saneamiento adecuado, y de vivir en entornos donde estaban radicadas empresas altamente contaminantes, que emitían agentes cancerígenos al aire circundante. En última instancia, el bajo nivel económico era la enfermedad preexistente de la que surgían gran parte de los problemas que afectaban a las vidas de la población negra en los Estados Unidos. Un plan de acción adecuado para cerrar la brecha de riqueza entre los blancos y la población negra —un plan de reparaciones— le costaría al Gobierno federal no menos de 14 billones de dólares. 46. El Sr. Darity argumentó que un plan de reparaciones estaba justificado, ya que las políticas del Gobierno federal habían creado una brecha de riqueza de sesgo racial en los Estados Unidos. Al final de la Guerra de Secesión, se prometió a las personas que antes habían sido esclavos –y que prácticamente carecían de bienes– la dación de parcelas de tierra de 40 acres como restitución por sus años de esclavitud, a fin de posibilitar su participación en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. No obstante, el cumplimiento de esa promesa —deliberadamente— nunca se consumó, con lo que la plena ciudadanía tampoco se logró. Al mismo tiempo, y en virtud de la Ley de Propiedad Familiar (Homestead Act) de 1862, el Gobierno federal inició la concesión de tierras de 160 acres a más de 1,5 millones de familias blancas en el oeste del país para conseguir que los colonos terminasen de ocupar el territorio de la nación. Entre el final de la Guerra de Secesión y la Segunda Guerra Mundial, la comunidad negra fue objeto de más de 100 masacres perpetradas por terroristas blancos en todas las regiones del país, como la de Wilmington en 1898 o la de Tulsa en 1921. Los disturbios auspiciados por blancos se cobraron innumerables vidas en la comunidad negra, bloquearon la participación política de sus miembros y provocaron la destrucción de propiedades de esas personas o su usurpación por parte de blancos mafiosos. Se negó a los integrantes de la comunidad negra la posibilidad de acumular riqueza, y el Gobierno federal fue cómplice al hacer caso omiso de la situación o al apoyar a los alborotadores blancos. A finales del siglo XIX, las políticas gubernamentales de acumulación de riqueza se centraron en la distribución de tierras, y en el siglo XX pasaron a gravitar en torno al acceso a la propiedad de la vivienda. En ambos casos, los programas federales fomentaron la acumulación de riqueza por la población blanca, mientras que agravaban la desacumulación de la riqueza entre las personas de raza negra. La aplicación discriminatoria de las disposiciones relativas a la compra de vivienda contenidas en la base legislativa de la Administración Federal de la Vivienda y de la Ley de Reajuste de los Militares (más conocida como “GI Bill”) dio a los estadounidenses blancos otro importante impulso en la adquisición de propiedades, mientras que se negaba a los afroamericanos un acceso comparable a los mismos recursos. Puesto que las políticas federales de los Estados Unidos hicieron que apareciese una brecha de riqueza de sesgo racial, había de ponérsele remedio empleando esas mismas herramientas. El Gobierno federal, en su dilatado camino hacia la reparación y la justicia, debería aplicar un plan de reparaciones para los afroamericanos que incluyera tres elementos fundamentales: centrarse como beneficiarios elegibles en los afroamericanos descendientes de personas esclavizadas en los Estados Unidos; eliminar por entero la brecha racial en materia de riqueza, con el fin de proporcionar a los estadounidenses de raza negra la base material para la plena ciudadanía; y abonar pagos directos a los beneficiarios que reunieran los requisitos, de manera similar a las prácticas de restitución que se habían aplicado en otros lugares. 47. José Luis Rengifo Balanta, defensor de los derechos humanos y miembro de la Mesa Ambiental y de Derecho del Pueblo Negro de Colombia, destacó que los afrodescendientes de Colombia, al igual que los de otras partes del mundo, habían sufrido enormemente el racismo estructural y ambiental y el capitalismo salvaje. Los territorios ancestrales, los recursos naturales, el agua y los bosques de las comunidades afrodescendientes estaban GE.21-09167 13