A/RES/80/210
El derecho a la alimentación
se están agravando enormemente en algunas regiones por falta de medidas urgentes,
resueltas y concertadas,
Reconociendo también la importancia que revisten para los Pueblos Indígenas y
otras personas que viven en zonas rurales las prácticas agrícolas modernas y
tradicionales sostenibles, incluidos los sistemas tradicionales de suministro de
semillas, así como el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a los mercados,
a la seguridad de la tenencia de la tierra, a la atención de la salud, a los servicios
sociales, a la educación, a la capacitación, a los conocimientos y a las tecnologías
apropiadas y asequibles, incluidos el regadío eficiente, la reutilización de las aguas
residuales tratadas y la captación y el almacenamiento de agua,
Reconociendo además el carácter complejo de la inseguridad alimentaria y la
probabilidad de que este problema se repita debido a una combinación de varios
factores importantes, como los efectos de la crisis financiera y económica mundial, la
degradación ambiental, la desertificación y los efectos negativos del cambio
climático, así como la pobreza, los desastres naturales, los conflictos armados, las
emergencias humanitarias, la sequía, la inestabilidad de los precios de los productos
básicos, la subida de los tipos de interés, el aumento de la deuda externa y la inflación
y la falta en muchos países de la tecnología apropiada, las inversiones y las iniciativas
de creación de capacidad necesarias para hacer frente a sus consecuencias,
particularmente en los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo, y la necesidad de coherencia y
colaboración entre las instituciones internacionales a nivel mundial,
Observando con gran preocupación que millones de personas se enfrentan a una
hambruna, corren un riesgo inmediato de hambruna o están pasando por una situación
de inseguridad alimentaria grave en varias regiones del mundo, y observando también
que la pobreza, los conflictos armados, la sequía y la inestabilidad de los precios de
los productos básicos se encuentran entre los factores que causan o empeoran las
hambrunas y la inseguridad alimentaria grave y que urge redoblar los esfuerzos,
incluido el apoyo internacional, para mejorar la respuesta, la prevención y la
preparación ante el aumento de la inseguridad alimentaria mundial,
Observando el impacto negativo del aumento de los precios internacionales de
los productos alimentarios, que afecta aún más a las personas en situaciones de
vulnerabilidad,
Observando también el aumento de los precios de la energía y el combustible,
que ha repercutido en la subida de los precios de los productos alimenticios, y
observando además el aumento de los precios de los fertilizantes y la escasez causada
por la disrupción de las cadenas de suministro, que afectan al rendimiento de los
cultivos y ponen en peligro la productividad y la producción agrícolas, especialmente
en el caso del trigo, el maíz, el mijo, el arroz, el aceite de girasol y otros productos
alimenticios esenciales,
Recordando su resolución 76/264, de 23 de mayo de 2022, titulada “Situación
de la inseguridad alimentaria mundial”, en la que acogió con beneplácito la iniciativa
del Secretario General de crear un Grupo de Respuesta Mundial a la Crisis de la
Alimentación, la Energía y las Finanzas, con un Comité Directivo presidido por la
Vicesecretaria General, y tomando nota al mismo tiempo de otras iniciativas
pertinentes, como la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, encaminadas a
promover la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición , incluso para quienes
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad,
Reconociendo el impacto global negativo de la pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID‑19) y reconociendo también que para la recuperación total tras
la pandemia se requieren unidad, solidaridad y cooperación multilateral, recordando
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