A/HRC/38/47 veces los intermediarios exigen a las mujeres afectadas que revelen su identidad, lo que puede ponerlas en riesgo de sufrir daños graves. Por esta razón, la política ha sido objeto de fuertes críticas por parte de algunos grupos de la sociedad civil. En respuesta a estas críticas, Facebook ha modificado ligeramente su política y ahora exige que los denunciantes proporcionen cierta medida de prueba. En este contexto, las salvaguardias de los derechos humanos contra la censura arbitraria por los intermediarios son fundamentales 45. 76. En general, las empresas parecen reacias a denunciar el contenido señalado y suprimido, y en virtud de qué criterios establecidos por ellas mismas. Aunque se han hecho algunos intentos, la transparencia en la adopción de decisiones y la aplicación de las normas para garantizar la rápida presentación de denuncias de violencia de género en las plataformas es limitada46. 77. Si bien es esencial mantener el anonimato de los usuarios, la identificación de los autores es necesaria si ha de abordarse la violencia en línea por razón de género. El acceso a la justicia requiere procesos de identificación y la capacidad de vincular los identificadores digitales, como una dirección IP, con los dispositivos y los autores materiales, por un poder judicial independiente. Un conjunto de instrumentos jurídicos cuidadosamente adaptados a este fin podría facilitar el proceso de identificación. 4. Iniciativas jurídicas nacionales para abordar la violencia en línea y facilitada por las tecnologías de la información y las comunicaciones contra las mujeres y las niñas 78. Algunos casos de violencia en línea contra la mujer han atraído la atención de los medios de comunicación y han dado lugar a importantes debates sobre la necesidad de reformas legislativas, incluida la aprobación de leyes específicas; por ejemplo, la publicación en línea de imágenes de carácter sexual que provocó el trágico suicidio de unas jóvenes47 ha suscitado un debate sobre la necesidad de reformas legislativas, como la aprobación de leyes específicas. 79. En vista de la velocidad con que pueden cometerse actos de violencia en línea contra la mujer, las víctimas requieren una rápida asistencia de mecanismos de protección jurídica efectiva, recursos y reparaciones. Sin embargo, lo cierto es que muchos Estados no disponen de un marco jurídico integral para combatir y prevenir la violencia contra la mujer, en particular con respecto a disposiciones específicas sobre la violencia en línea contra la mujer y facilitada por las TIC, y tampoco se han adherido a todos los tratados fundamentales de derechos humanos. Esto crea múltiples obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y transmite a los autores una sensación de impunidad. 80. Algunos Estados han actualizado sus marcos jurídicos vigentes para hacer frente a la violencia en línea contra la mujer. Los instrumentos jurídicos que se usan con mayor frecuencia en este sentido son leyes contra la ciberdelincuencia, leyes penales, leyes sobre la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, sobre el discurso de odio y sobre la protección de datos y la privacidad. 81. En algunos contextos jurídicos, las leyes vigentes pueden ser suficientemente amplias y flexibles para aplicarse a algunas formas de violencia en línea, pero esto no sucede en todas partes. Cuando no existe un derecho especializado, las víctimas se ven obligadas a demandar a los autores a través de diversos delitos conexos que tal vez no sean suficientes; por ejemplo, algunas víctimas han presentado reclamaciones en virtud de leyes relativas a la protección de la vida privada o la difamación. En los casos en que existen lagunas en las leyes penales, las víctimas han intentado interponer recursos por medios civiles, lo cual no abarca adecuadamente sus derechos a la justicia y a una reparación, y contribuye a la persistencia de la impunidad. 45 46 47 18 Véase IT for Change, “Technology-mediated Violence against Women in India”, enero de 2017. Véase “# ToxicTwitter: Violence and Abuse against Women Online”, Amnistía Internacional, marzo de 2018. Por ejemplo, en el Canadá el suicidio de dos niñas llevó al Gobierno a aprobar, en 2015, el proyecto de ley C-13 sobre la distribución no consentida de imágenes íntimas. GE.18-09877