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pregunta de un miembro del Grupo de Trabajo, Sabelo Gumedze, la Relatora Especial
recordó que las restricciones a los viajes y el control de las fronteras debían estar
libres de racismo y discriminación racial, de conformidad con el derecho
internacional de los derechos humanos.
14. La segunda mesa redonda se centró en el racismo sistémico y la violencia
policial. Una investigadora de Forensic Architecture, Imani Jacqueline Brown,
presentó las constataciones de la entidad sobre la brutalidad policial contra las
protestas de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Entre mayo y diciembre de
2020 se documentaron más de 1.000 incidentes de violencia y conducta indebida
contra activistas de Black Lives Matter por parte de agentes del orden. La
investigadora subrayó que esta respuesta opresiva constituía una pauta de
comportamiento sistémica y generalizada que violaba los principios y normas
internacionales básicos. Profundizó en el papel de las instituciones policiales y
judiciales en la perpetuación de una cultura de impunidad y sobre la falta de rendición
de cuentas que imposibilitaba a las víctimas buscar reparación. Recomend ó que los
Estados Miembros tomaran medidas para poner fin al uso de las llamadas armas
antidisturbios no letales y pidió a los Estados Unidos que se comprometieran a reparar
el legado de la opresión racista.
15. La Directora de Programas de AfroResistance, Ana Barreto, habló sobre las
cuestiones de derechos humanos a las que se enfrentaban los afrodescendientes en
América Latina y el Caribe durante la pandemia de COVID-19. Señaló el drástico
aumento de los ataques contra líderes comunitarios y defensores de los derechos
humanos. Expresó preocupación por el aumento de los feminicidios, la violencia de
género y el “feminicidio político”, así como por el avance de las leyes y políticas que
restringían el acceso a los servicios de justicia reproductiva durante la pa ndemia de
COVID-19. En este sentido, recomendó la creación de organismos multidisciplinarios
nacionales y comunitarios para la prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas. También expresó preocupación por la situación de los migrantes negros que
residían en campamentos junto a las fronteras de Panamá y Colombia, con acceso
limitado a pruebas diagnósticas y servicios de salud pública.
16. Un abogado especializado en derechos civiles, Benjamin Crump, analizó las
causas fundamentales del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía
contra las personas de color marginadas en los Estados Unidos. Explicó que la muerte
de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y otros estadounidenses negros no
era una coincidencia, sino el resultado del largo legado de racismo y opresión
sistémicos que han caracterizado a los Estados Unidos desde 1619, el primer año en
que se llevó a esclavos africanos al país. Añadió que el prejuicio implícito en la
aplicación de la ley se manifestaba en los datos que mostraban que la acción policial
era desproporcionadamente abusiva contra las personas de color. Por ejemplo, más
del 75 % de las maniobras de estrangulamiento ejecutadas por agentes del orden
fueron contra hombres de color. El orador señaló que las prot estas que se organizaron
en todo el mundo contra el racismo, la discriminación por motivos de color y la
xenofobia tras el homicidio de George Floyd fueron un motor de cambio político y
estructural. Acogió con satisfacción la aprobación de la Ley George Fl oyd de Justicia
Policial por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como un
primer paso hacia el reconocimiento del legado histórico del racismo y la opresión
sistémicos contra las personas de color.
17. Durante el diálogo interactivo, en respuesta a las preguntas de los miembros del
Grupo de Trabajo, la Sra. Brown profundizó en las medidas legislativas y normativas
que deben ponerse en marcha para prevenir y combatir la violencia y la brutalidad
policial contra los afrodescendientes. Recomendó que el Congreso de los Estados
Unidos adoptara legislación de conformidad con las disposiciones de la Convención
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