A/HRC/56/48 público, en caso de que una mujer prostituida presente una denuncia. A menudo basado en requisitos de salud pública o de planificación urbana, este enfoque sitúa el control sobre las mujeres prostituidas, ya que prescribe su conducta, ubicación, horario y registro obligatorio en el Estado. Aunque reconoce los perjuicios del “entorno laboral caracterizado por el proxenetismo y la explotación”, en lugar de intentar erradicarlos propone gestionarlos mediante intervenciones del Estado, como controles sanitarios obligatorios129, zonificación, gravámenes, contratos y penalización de las mujeres que incumplan la normativa. Las supuestas intenciones de desestigmatizar a las mujeres prostituidas130, “crear puestos de trabajo” con seguridad social, mejorar las condiciones de atención de la salud, reducir la violencia y frenar las redes delictivas no se han conseguido con este enfoque. Por ejemplo, en Alemania, de las 250.000 mujeres prostituidas estimadas, solo 28.280 se habían registrado ante las autoridades a finales de 2022, y solo 50 de ellas tenían un contrato de trabajo oficial131. Además, en un sistema totalmente legalizado, los Estados se benefician de la prostitución de las mujeres a través del impuesto sobre sus ingresos, el impuesto de sociedades y las tasas de licencia exigidas a los burdeles y/o negocios cibernéticos, convirtiéndose en esencia en un “Estado proxeneta”132. En Suiza, los ingresos anuales generados por la industria del sexo comercial se estiman en 3.200 millones de francos suizos133. Este planteamiento ha provocado un aumento significativo de las mujeres extranjeras en la prostitución, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este con dificultades económicas y del Sur Global. Esas mujeres rara vez obtienen contratos de trabajo a pesar de que la ley reconoce la prostitución como empleo, y están sometidas a servidumbre por deudas con sus proxenetas y tratantes. La legalización de la prostitución aumenta la demanda, fomenta la violencia contra las mujeres y las niñas y debilita las herramientas necesarias para que las fuerzas de seguridad vigilen, persigan y enjuicien a los autores, incluidos los tratantes y otros terceros explotadores134. Los tribunales pueden tratar las situaciones de violencia en la prostitución como “incidentes laborales”135, y la violación de mujeres prostituidas por parte de compradores de actos sexuales como “robo de servicios”. 30. El enfoque de despenalización adoptado en países como Bélgica136 y Nueva Zelandia es muy similar a la regulación en cuanto a marco e impacto. El planteamiento despenaliza y desregula, a nivel federal, a terceros, compradores y personas prostituidas; sin embargo, deja en manos de los ayuntamientos los controles administrativos, policiales o de salud. Los aspectos jurídicos y estructurales de los marcos de regulación frente a los de despenalización son casi idénticos. Este enfoque también aboga por políticas de “reducción de daños”, como negociar el acceso a los burdeles, identificar a los niños explotados sexualmente y acceder a controles reproductivos137. Al eliminar la ilegalidad de terceros, la despenalización ha ayudado a los tratantes, ha impulsado el turismo sexual y ha ampliado el tamaño global del mercado de la prostitución138. La elevada y continua demanda crea un enorme incentivo para que los explotadores trafiquen y exploten a mujeres vulnerables 139, no ha logrado desalentar las prácticas sexuales inseguras y ha ampliado el espectro de “ofertas” para incluir incluso a mujeres embarazadas, además de atraer a mujeres jóvenes vulnerables al comercio sexual. La despenalización del comercio sexual ha reducido la identificación y persecución de los tratantes, como ocurre en Alemania140 y Suiza141. También ha impuesto a las mujeres prostituidas, especialmente a las sometidas a condiciones inseguras o similares a la esclavitud, la carga de emprender costosas y prolongadas acciones legales contra sus 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 12 Comunicación de Austria. Comunicación del Reino de los Países Bajos. Comunicación del Grupo Parlamentario sobre Prostitución del Bundestag alemán. Banyard, K., Pimp State, Faber & Faber, 2016. Oficina Federal Suiza de Policía, Informe sobre la seguridad nacional, mayo de 2006. Comunicación de SISTERS. Comunicación de Kofra e Initiative Stop Sexkauf. Código Penal belga. Comunicación de Human Rights Watch. Comunicación de Women’s Rights Party. Comunicación de Stop Demand Foundation. Comunicación de SOLWODI. Plateforme Traite, Alternative Report on the Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings in Switzerland, 2023. GE.24-08177