A/HRC/RES/52/2
Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentado al Consejo en su
52º período de sesiones2, y expresando profunda alarma por el hecho de que el Grupo de
Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua haya encontrado motivos razonables para
creer que en el país se han cometido desde 2018 los siguientes crímenes de lesa humanidad:
asesinato, encarcelamiento, tortura, deportación, violación y otras formas de violencia sexual
de gravedad comparable, y persecución,
Expresando alarma por el retroceso democrático y la crisis sociopolítica y de
derechos humanos persistentes en Nicaragua, y también por el deterioro del estado de
derecho, de la independencia del sistema judicial y de la separación de poderes, y sus
repercusiones multidimensionales en el disfrute de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales,
Expresando preocupación por la continua negativa de Nicaragua a cooperar con los
mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, en particular la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluida su Oficina
Regional para América Central, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua
y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, y reconociendo que esta
negativa sigue creando un déficit de protección en el país,
Expresando suma preocupación por el continuo desprecio por Nicaragua de sus
obligaciones internacionales de derechos humanos, como el hecho de no prestar colaboración
y no presentar informes periódicos a los órganos de tratados correspondientes, más
recientemente negándose a cooperar tanto con el Comité contra la Tortura como con el
Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y llegando incluso a cuestionar la legitimidad del sistema de órganos de tratados
en su conjunto,
Expresando preocupación por la decisión de Nicaragua de interrumpir su
colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos y su denuncia de los
instrumentos regionales, y recordando que, dado que sus obligaciones en virtud de
instrumentos jurídicamente vinculantes siguen vigentes, los mecanismos de derechos
humanos competentes continuarán ejerciendo sus mandatos de vigilancia del país,
Expresando gran preocupación por las violaciones de los derechos civiles y políticos
registradas durante el período previo a las elecciones municipales de noviembre de 2022 y
en el transcurso de estas, en contravención de las obligaciones de Nicaragua de garantizar el
derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos y de votar
y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, en particular por el hecho de que el
Gobierno de Nicaragua no implementara reformas electorales e institucionales con miras a
garantizar unas elecciones libres, limpias y celebradas de manera transparente, por la
aprobación y la constante utilización de disposiciones jurídicas orientadas explícitamente a
restringir la capacidad de los ciudadanos nicaragüenses para participar en el proceso político,
o susceptibles de ser utilizadas para tal fin, por la exclusión de los comicios de partidos
políticos que han visto su personalidad jurídica cancelada de manera arbitraria, por la oleada
de detenciones e inhabilitaciones de opositores políticos en los meses anteriores a las
elecciones, por los actos de violencia e intimidación para coaccionar a los votantes, como el
establecimiento de puntos de control alrededor de los centros de votación para vigilar a los
votantes y la denegación del acceso a dichos centros a personas a las que se percibía como
opositores políticos, y por la violencia política generalizada durante todo el proceso,
Expresando suma preocupación por el empeoramiento de la situación de las personas
desplazadas por la fuerza y por la tendencia persistente al desplazamiento forzado,
encomiando a los Estados vecinos y otros Estados de la región por sus continuos esfuerzos
para recibir y acoger a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, y
reconociendo al mismo tiempo las consecuencias y desafíos socioeconómicos que ello
supone para esos Estados y sus respectivas poblaciones,
Expresando gran preocupación por la aprobación y el uso persistente de disposiciones
jurídicas que tienen como objetivo explícito restringir la capacidad de la ciudadanía
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A/HRC/52/63.
GE.23-06430