A/HRC/RES/55/27 4. Insta encarecidamente a las autoridades bielorrusas a que cumplan todas las obligaciones que incumben al Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y a que: a) Ponga inmediata e incondicionalmente en libertad y rehabilite de forma efectiva a todas las personas detenidas, arrestadas, acusadas o condenadas arbitraria o ilegalmente por motivos políticos o por ejercer sus derechos humanos, ponga fin al uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al enjuiciamiento, el hostigamiento, la intimidación, la represión y el exilio forzoso de personas, por el mero hecho de ejercer sus derechos humanos, y garantice la igualdad de protección de la ley y ante la ley; b) Garantice asistencia médica puntual y adecuada y condiciones de vida apropiadas a todas las personas detenidas, y garantice su acceso a asistencia letrada independiente de su elección y a protección jurídica durante todos los procedimientos; c) Garantice investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, transparentes, independientes, imparciales y que tengan en cuenta el género y la edad, abordando toda la cadena de mando pertinente para la responsabilidad penal individual, con miras a garantizar la rendición de cuentas y proporcionar recursos efectivos en todos los casos de violaciones y abusos de los derechos humanos, entre otras cosas mediante la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición para las víctimas y los supervivientes, según proceda; d) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la plena independencia e imparcialidad del poder judicial y la protección e independencia de la profesión jurídica, y respete las debidas garantías procesales y de juicio imparcial para todas las personas con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos a fin de restablecer y mantener el estado de derecho; e) Lleve a cabo una revisión exhaustiva de la legislación nacional para garantizar que sea coherente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que no permita limitaciones o derogaciones arbitrarias, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos; f) Ponga fin al uso indebido de las políticas de “lucha contra el terrorismo” y “lucha contra el extremismo” y garantice que todos los aspectos de la práctica de seguridad nacional del Estado, incluso cuando tengan por objeto prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento, cumplan el derecho internacional de los derechos humanos y no sirvan de base para enjuiciar a representantes de la sociedad civil y a personas por participar en actos de expresión de carácter no violento y defender opiniones disidentes; g) Adopte legislación y políticas integrales contra la discriminación que garanticen el derecho de todos a la igualdad de la ley y ante la ley, incluido el acceso igualitario a una educación de calidad inclusiva, equitativa y no discriminatoria, teniendo como consideración primordial el interés superior del niño; h) Revoque las decisiones sobre la disolución forzosa de entidades de la sociedad civil, entable un diálogo nacional genuino, constructivo, inclusivo y transparente con la sociedad civil y cree y mantenga un entorno seguro y propicio, tanto en línea como en medios no electrónicos, en el que la sociedad civil pueda trabajar libre de vigilancia arbitraria, obstáculos e inseguridad; i) Garantice un entorno propicio para el funcionamiento de medios de comunicación auténticamente independientes, tanto en línea como en medios no electrónicos, incluido el acceso sin trabas a una Internet abierta, interoperable, fiable y segura; j) Lleve a cabo una reforma amplia del marco jurídico electoral, alineándolo con las normas internacionales, incluido el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y la Relatora Especial, e inicie con tal fin un diálogo nacional genuino e inclusivo con todos los elementos de la sociedad civil; 4 GE.24-06495