A/RES/67/145 Trata de mujeres y niñas edad y otros tipos de capacidad técnica, así como la asistencia judicial recíproca, y combatiendo la corrupción y el blanqueo de las ganancias procedentes de la trata, en particular la que tiene por objeto la explotación sexual con fines comerciales, y a que se aseguren, según proceda, de que esos acuerdos e iniciativas respondan concretamente al problema de la trata en cuanto afecta a las mujeres y las niñas; 19. Exhorta a todos los gobiernos a que tipifiquen como delito la trata de personas en todas sus formas, reconociendo su incidencia cada vez mayor con fines de explotación sexual, explotación y abuso sexuales con fines comerciales, turismo sexual y trabajo forzoso, y a que enjuicien y castiguen a los infractores e intermediarios, incluidos los funcionarios públicos implicados en la trata de personas, ya sean nacionales o extranjeros, poniéndolos a disposición de las autoridades nacionales competentes, bien en el país de origen del infractor o en el país donde ocurra el abuso, con las debidas garantías procesales, y a que penalicen a quienes ocupen cargos de autoridad y sean declarados culpables de atentar sexualmente contra las víctimas de la trata cuya custodia les haya sido confiada; 20. Insta a los gobiernos a que tomen todas las medidas apropiadas para que no se penalice a las víctimas de la trata ni se las procese por actos cometidos como consecuencia directa de su situación, y para que no vuelvan a convertirse en víctimas a causa de medidas adoptadas por autoridades gubernamentales, y alienta a los gobiernos a impedir, dentro de su marco jurídico y con arreglo a sus políticas nacionales, que las víctimas de la trata de personas sean enjuiciadas por motivo de su entrada o residencia ilegal en un país; 21. Invita a los gobiernos a que consideren la posibilidad de establecer o reforzar un mecanismo nacional de coordinación, por ejemplo, un relator nacional o un órgano interinstitucional, con la participación, según proceda, de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, a fin de fomentar el intercambio de información y dar a conocer datos, causas subyacentes, factores y tendencias en relación con la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, e incluyan datos sobre las víctimas de la trata desglosados por sexo y edad; 22. Alienta a los gobiernos y a los órganos competentes de las Naciones Unidas a que, dentro de los límites de los recursos existentes, adopten medidas apropiadas para sensibilizar a la opinión pública respecto de la cuestión de la trata de personas, particularmente de mujeres y niñas, incluidos los factores que las hacen vulnerables a la trata; desalienten la demanda que fomenta toda forma de explotación, incluida la explotación sexual y el trabajo forzoso con el fin de eliminar esa demanda; divulguen las leyes, disposiciones y sanciones relacionadas con esta cuestión; e insistan en que la trata es un delito grave; 23. Exhorta a los gobiernos interesados a que asignen recursos, según proceda, para facilitar el acceso a programas adecuados destinados a facilitar la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata, en particular mediante la formación profesional, la asistencia jurídica en un idioma que comprendan y la atención médica, inclusive en relación con el VIH/SIDA, y adoptando medidas para cooperar con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a fin de prestar atención social, médica y psicológica a las víctimas; 24. Alienta a los gobiernos a que, en cooperación con las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, emprendan o mejoren las campañas destinadas a aclarar las oportunidades, las limitaciones, los derechos y las responsabilidades en materia de migración, así como la información sobre los riesgos de la migración irregular y los medios utilizados por los tratantes, a fin de que 8/11