A/HRC/53/38 represión de activistas y manifestantes. La retórica populista de funcionarios públicos que promueve la discriminación e incita a la violencia contra determinados grupos y comunidades también puede favorecer la comisión de delitos graves contra manifestantes y activistas. Las autoridades y los funcionarios públicos de algunos Estados también se han aprovechado de contextos sociales conservadores al vilipendiar presuntamente a mujeres activistas divulgando sus fotografías en Internet, a sabiendas de que ello podría intimidarlas y dar lugar a amenazas contra ellas, incluso por parte de sus familias y comunidades. Además, el hecho de que los funcionarios públicos toleren el uso de la fuerza y elogien a los agentes del orden y a los mandos por reprimir las protestas, como se ha visto en algunos países, contribuye a socavar o impedir la rendición de cuentas. 52. A este respecto, como hecho positivo, el Relator Especial acoge con satisfacción el juicio que comenzó en Guinea en 2022 para procesar a los principales responsables de la masacre del estadio, entre ellos el exgobernador militar y otros diez funcionarios, todos ellos acusados de ser responsables de los soldados que presuntamente cometieron los delitos durante la manifestación de opositores que protestaba contra el gobierno militar. A pesar de ello, cabe señalar que las víctimas han esperado 13 años para que se haga justicia 33. VI. Mecanismos de justicia de transición 53. El Relator Especial acoge favorablemente la creación de mecanismos de justicia de transición, pues estos ofrecen un marco completo para abordar las graves violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en el contexto de protestas, y subraya que dichos mecanismos deben incluir a todos los sectores de la sociedad y diseñarse y aplicarse en colaboración con los grupos de víctimas y la sociedad civil. Deben examinar las causas profundas de la represión, en particular la forma en que las restricciones de los derechos de reunión pacífica y asociación aplicadas en otros tiempos contribuyeron a la comisión de delitos y abusos, todo lo cual es importante para elaborar leyes y reformas institucionales que garanticen la no repetición. 54. Un ejemplo histórico ha sido la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez, creada para investigar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en épocas anteriores, entre ellas el uso excesivo de la fuerza y el asesinato de manifestantes pacíficos durante el levantamiento de 2010 y 2011. La Comisión brindó una oportunidad histórica para la justicia en Túnez y fue un ejemplo prometedor para la región. Un elemento importante fue que la Comisión estaba facultada para remitir casos directamente a los tribunales. Sin embargo, parece que apenas se ha avanzado en el enjuiciamiento de los principales responsables, lo que ha afectado a la transición democrática del país. El Relator Especial ha expresado su preocupación ante el prolongado estado de emergencia, que ha tenido consecuencias para las libertades civiles34. 55. El Relator Especial insiste en la importancia de estos mecanismos de transición a la hora de exigir responsabilidades oportunamente en favor de las víctimas en relación con la represión de las protestas populares: a menudo han tardado demasiado en dar algún resultado en cuanto a la exigencia de responsabilidades y las víctimas han perdido la confianza en ellos. Esos mecanismos no deben utilizarse para eludir procesos judiciales ni para aprobar amnistías generales ilegales por violaciones graves de los derechos humanos de manifestantes y activistas. VII. Reparaciones 56. Además de procesar judicialmente y sancionar por vía administrativa a los autores, deben ofrecerse reparaciones íntegras para remediar el daño causado a las víctimas y garantizar la no repetición. Esas reparaciones deben incluir indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción, incluido el restablecimiento de la dignidad y los derechos de las 33 34 12 Véase https://news.un.org/en/story/2022/09/1128241#. A/HRC/50/23/Add.3, párr. 14. GE.23-08077