Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales
A/RES/80/209
persona a un nivel de vida que asegure su salud y bienestar y el derecho a la
alimentación, la atención médica, la educación y los servicios sociales necesarios, y
a que se cercioren de que los alimentos y los medicamentos no se utilicen como
instrumentos de presión política;
5.
Se opone enérgicamente al carácter extraterritorial de esas medidas que,
además, amenazan la soberanía de los Estados y, en este contexto, exhorta a todos los
Estados Miembros a que ni las reconozcan ni las apliquen y a que adopten medidas
administrativas o legislativas, según proceda, para contrarrestar la aplicación o los
efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales;
6.
Condena el hecho de que algunas Potencias sigan aplicando y haciendo
cumplir medidas coercitivas unilaterales y rechaza esas medidas, así como todos sus
efectos extraterritoriales, por considerarlas un instrumento de presión política o
económica contra cualquier país, en especial contra los países en desarrollo, que se
adopta con el fin de impedir que esos países ejerzan su derecho a determinar
libremente su sistema político, económico y social, y porque tienen efectos negativos
en la realización de todos los derechos humanos de vastos sectores de la población,
en particular los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad;
7.
Expresa gran preocupación por el hecho de que, en algunos países, la
situación de los niños se ve perjudicada por la aplicación de medidas unilaterales no
compatibles con el derecho internacional y la Carta que crean obstáculos a las
relaciones comerciales entre los Estados, impiden la realización plena del desarrollo
social y económico y menoscaban el bienestar de la población de los países afectados,
lo cual tiene consecuencias especialmente graves para las mujeres, los niños,
incluidos los adolescentes, los ancianos y las personas con discapacidad;
8.
Reafirma que los bienes esenciales, como los alimentos y los
medicamentos, incluidas las vacunas, no deben utilizarse como instrumento de
coacción política, en particular en el contexto de problemas de salud mundiales, y que
en ninguna circunstancia debe privarse a las personas de sus propios medios de
subsistencia y desarrollo;
9.
Recuerda el llamamiento hecho por el Secretario General, el 26 de marzo
de 2020, a que se levantaran las sanciones que pudieran socavar la capacidad de los
países para responder a la pandemia de COVID‑19 y la declaración formulada por la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 23 de marzo
de 2020, sobre la necesidad de atenuar o suspender las sanciones sectoriales, en vista
de su posible repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos;
10. Reafirma su adhesión a la cooperación internacional y al multilateralismo
y su firme apoyo al papel central del sistema de las Naciones Unidas en la respuesta
mundial a las pandemias, las epidemias y otras emergencias sanitarias, y la
recuperación posterior;
11. Pone de relieve que la pandemia de COVID‑19 puso de manifiesto los
efectos a corto y largo plazo de las medidas coercitivas unilaterales, que no son
compatibles con el derecho internacional y la Carta, en el disfrute de todas las
categorías de derechos civiles, económicos, sociales y culturales;
12. Exhorta a los Estados y los organismos competentes de las Naciones
Unidas a que adopten medidas concretas para mitigar las repercusiones negativas de
las medidas coercitivas unilaterales en la asistencia humanitaria, que debería prestarse
de conformidad con su resolución 46/182, de 19 de diciembre de 1991;
13. Exhorta a los Estados Miembros que hayan tomado medidas coercitivas
unilaterales a que acaten los principios del derecho internacional, la Carta, las
declaraciones de las Naciones Unidas y las conferencias mundiales y las resoluciones
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