Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales A/RES/80/209 persona a un nivel de vida que asegure su salud y bienestar y el derecho a la alimentación, la atención médica, la educación y los servicios sociales necesarios, y a que se cercioren de que los alimentos y los medicamentos no se utilicen como instrumentos de presión política; 5. Se opone enérgicamente al carácter extraterritorial de esas medidas que, además, amenazan la soberanía de los Estados y, en este contexto, exhorta a todos los Estados Miembros a que ni las reconozcan ni las apliquen y a que adopten medidas administrativas o legislativas, según proceda, para contrarrestar la aplicación o los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales; 6. Condena el hecho de que algunas Potencias sigan aplicando y haciendo cumplir medidas coercitivas unilaterales y rechaza esas medidas, así como todos sus efectos extraterritoriales, por considerarlas un instrumento de presión política o económica contra cualquier país, en especial contra los países en desarrollo, que se adopta con el fin de impedir que esos países ejerzan su derecho a determinar libremente su sistema político, económico y social, y porque tienen efectos negativos en la realización de todos los derechos humanos de vastos sectores de la población, en particular los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad; 7. Expresa gran preocupación por el hecho de que, en algunos países, la situación de los niños se ve perjudicada por la aplicación de medidas unilaterales no compatibles con el derecho internacional y la Carta que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, impiden la realización plena del desarrollo social y económico y menoscaban el bienestar de la población de los países afectados, lo cual tiene consecuencias especialmente graves para las mujeres, los niños, incluidos los adolescentes, los ancianos y las personas con discapacidad; 8. Reafirma que los bienes esenciales, como los alimentos y los medicamentos, incluidas las vacunas, no deben utilizarse como instrumento de coacción política, en particular en el contexto de problemas de salud mundiales, y que en ninguna circunstancia debe privarse a las personas de sus propios medios de subsistencia y desarrollo; 9. Recuerda el llamamiento hecho por el Secretario General, el 26 de marzo de 2020, a que se levantaran las sanciones que pudieran socavar la capacidad de los países para responder a la pandemia de COVID‑19 y la declaración formulada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 23 de marzo de 2020, sobre la necesidad de atenuar o suspender las sanciones sectoriales, en vista de su posible repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos; 10. Reafirma su adhesión a la cooperación internacional y al multilateralismo y su firme apoyo al papel central del sistema de las Naciones Unidas en la respuesta mundial a las pandemias, las epidemias y otras emergencias sanitarias, y la recuperación posterior; 11. Pone de relieve que la pandemia de COVID‑19 puso de manifiesto los efectos a corto y largo plazo de las medidas coercitivas unilaterales, que no son compatibles con el derecho internacional y la Carta, en el disfrute de todas las categorías de derechos civiles, económicos, sociales y culturales; 12. Exhorta a los Estados y los organismos competentes de las Naciones Unidas a que adopten medidas concretas para mitigar las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en la asistencia humanitaria, que debería prestarse de conformidad con su resolución 46/182, de 19 de diciembre de 1991; 13. Exhorta a los Estados Miembros que hayan tomado medidas coercitivas unilaterales a que acaten los principios del derecho internacional, la Carta, las declaraciones de las Naciones Unidas y las conferencias mundiales y las resoluciones 25-20964 5/8

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