A/HRC/RES/46/11 Reafirmando que, para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional, y que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, Preocupado porque los flujos de fondos de origen ilícito privan a los países de recursos necesarios para hacer efectivos progresivamente los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular el derecho al desarrollo, de manera tal que constituyen una amenaza para la estabilidad y el desarrollo sostenible de los Estados, socavan los valores de la democracia, el estado de derecho y la moralidad y ponen en peligro el desarrollo social, económico y político, Reconociendo que la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos y en la eliminación de los obstáculos al desarrollo, así como en la creación de instituciones sostenibles, eficaces, transparentes y que rindan cuentas, Observando la especial inquietud de los países en desarrollo y los países con economías en transición respecto de la necesidad urgente de que se devuelvan los activos de origen ilícito derivados de la corrupción, en particular a los países de los que proceden, de conformidad con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en especial su capítulo V, de forma que los países puedan formular y financiar proyectos de desarrollo acordes con sus prioridades nacionales, habida cuenta de la importancia que dichos activos pueden tener para su desarrollo sostenible, Preocupado por el hecho de que haya fondos de origen ilícito, que los países necesitan urgentemente para financiar el desarrollo y hacer efectivos todos los derechos humanos, bloqueados en bancos de Estados requeridos, que siguen acumulando beneficios gracias a ellos, Preocupado también porque los países en desarrollo pierden miles de millones de dólares cada año a causa de los flujos financieros ilícitos y porque, según se estima, dichos flujos han hecho perder al continente africano 1 billón de dólares en los últimos 50 años, cantidad equivalente a toda la asistencia oficial para el desarrollo recibida en ese período, Reconociendo la importancia de estudiar la posible relación entre combatir los flujos financieros ilícitos y lograr la sostenibilidad de la deuda, la disponibilidad de recursos valiosos de financiación para el desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, Reconociendo que la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve las limitaciones de los Gobiernos de los países en desarrollo para reunir recursos presupuestarios en tiempos de crisis, reiterando la necesidad de mejorar y fortalecer la movilización de recursos a nivel nacional, incluidos los sistemas de gasto público transparentes y que rindan cuentas, y que el daño que causan los flujos financieros ilícitos al aumentar sistemáticamente la presión sobre los recursos limitados de los países en desarrollo afecta evidentemente su capacidad para hacer frente al déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y movilizar recursos internos para los objetivos de desarrollo a más largo plazo, Reconociendo que la lucha contra la corrupción a todos los niveles es una prioridad, y que la prevención y erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados, que deben cooperar mutuamente, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con el apoyo y la plena participación de las demás partes interesadas, Reafirmando los compromisos contraídos por los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que la devolución de activos es uno de los principales objetivos y un principio fundamental de la Convención, subrayando que esta es una pieza esencial de la cooperación internacional para combatir la corrupción y facilitar la devolución del producto de los delitos relacionados con la corrupción, y destacando la necesidad de alcanzar una adhesión universal a la Convención y su plena aplicación, así como el pleno cumplimiento de las resoluciones y decisiones de la Conferencia de los Estados 2 GE.21-04079