A/HRC/35/30 los centros desarrollar, planificar o proporcionar los servicios requeridos. Las buenas prácticas demuestran que la financiación estatal tiene que ser segura, ininterrumpida y suficiente, y que los centros de acogida deberían estar financiados conjuntamente por el presupuesto del gobierno central y el presupuesto regional o provincial. La obligación del Estado de proteger a las mujeres de la violencia debe reflejarse también en la asignación de recursos financieros suficientes a los centros de acogida y las medidas de protección. 73. Uno de los principales retos en diversos contextos consiste en garantizar el acceso a modalidades de alojamiento seguras y asequibles a las mujeres y los niños que abandonan un centro de acogida. Muchas mujeres que han huido de la violencia doméstica se ven obligadas a regresar a su hogar y enfrentarse de nuevo a la violencia debido a la falta de servicios que ofrezcan un alojamiento de transición. El acceso a un alojamiento seguro y asequible para las supervivientes es insuficiente y a menudo inadecuado para satisfacer la demanda. Seguridad/confidencialidad 74. El mandato ha encontrado fricción entre las nociones de seguridad y confidencialidad de los centros de acogida35. Es una buena práctica no dar a conocer la ubicación de los centros de acogida a la población en general y que solo la conozcan aquellas personas que pueden ofrecer a las mujeres acceso a ellos. Los Estados que proporcionan recursos y licencias a los centros de acogida gestionados por organizaciones de la sociedad civil podrían llevar a cabo labores de supervisión y evaluación para determinar qué es lo que se requiere, preservando al mismo tiempo la confidencialidad y la seguridad del centro. Sin embargo, en algunas situaciones, especialmente en las zonas rurales, la confidencialidad puede constituir una barrera entre una mujer alojada en un centro y los familiares que la apoyan; se precisan métodos que aseguren que se mantenga el contacto sin poner en juego la seguridad y la confidencialidad del centro. Por consiguiente, se deben aplicar medidas de seguridad adecuadas y se debe vigilar su cumplimiento. “A tal fin, debería evaluarse la situación en materia de seguridad de cada víctima y elaborarse un plan de seguridad individualizado sobre la base de dicha evaluación. La seguridad técnica del edificio es otra cuestión clave para los centros de acogida, ya que los ataques violentos por los agresores constituyen una amenaza, no solo para las mujeres y sus hijos, sino también para el personal del centro y otras personas del entorno. Además, es indispensable establecer una cooperación eficaz con la policía con respecto a las cuestiones de seguridad”36. 75. El mandato ha visitado países en los que se retiene a mujeres en centros de acogida a modo de detención administrativa o “custodia precautoria” 37, aparentemente para garantizar su seguridad frente a formas de violencia como los asesinatos por honor, pero en realidad esta práctica se utiliza a modo de castigo por la transgresión, ya sea real o supuesta, de las normas sociales. En otros países, los centros de acogida se utilizan a efectos de prisión en espera de juicio, debido a la falta de centros de prisión preventiva para mujeres 38. Acceso y remisión 76. Las mujeres pueden requerir alojamiento de emergencia en cualquier momento, especialmente durante la noche, por lo que es importante garantizar un acceso inmediato a los centros de acogida. El mandato ha encontrado diversos obstáculos, como el requisito del reconocimiento formal de la condición de víctima 39. En muchos casos, las mujeres no pueden acudir a un centro de acogida sin una remisión previa. Por consiguiente, el requisito 35 36 37 38 39 GE.17-09656 Véase, por ejemplo, A/HRC/11/6/Add.4, párrs. 72 y 83 h) (República de Moldova). Véase “Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence”, Council of European Treaty Series No. 210, 11 de mayo de 2011, párr. 134. Véanse, por ejemplo, A/HRC/26/38/Add.2, párr. 64 (Bangladesh) y A/HRC/20/16/Add.1, párrs. 27 a 28 (Jordania). Véase, por ejemplo, A/HRC/29/27/Add.3, párr. 53 (Afganistán). Véase A/HRC/32/42/Add.3, párrs. 57, 84 y 88 (Georgia). 15

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