A/HRC/35/30 4. Órdenes de protección Falta de utilización o de ejecutoriedad de las órdenes de protección 82. La Relatora Especial ha observado que hay estereotipos culturales generalizados según los cuales es la mujer la que debe “marcharse” de un hogar violento, en lugar de que sea su pareja violenta quien deba ser expulsada por menoscabar el disfrute por aquella de su derecho a una vivienda adecuada43. 83. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que los Estados deberían asegurar que se utilicen recursos penales y civiles en los casos en que el perpetrador en una situación de violencia en el hogar plantea una amenaza peligrosa para la víctima44. 84. La Relatora Especial también destaca que, en muchas jurisdicciones, las órdenes de protección no se dictan de manera inmediata a petición de la parte interesada. Además, la policía no informa a las mujeres de que tienen derecho a solicitar una orden de protección y, con demasiada frecuencia, las autoridades se niegan a dictar una orden de protección aunque la ley prevea expresamente esa posibilidad y la víctima la solicite 45. 85. En otros casos, las autoridades se demoran en dictar la orden de protección durante tanto tiempo que esta resulta ineficaz y, de hecho, el proceso incrementa el riesgo para la víctima. Con demasiada frecuencia, las órdenes de protección no se aplican efectivamente y su incumplimiento no está tipificado como delito. El incumplimiento de una orden puede aumentar el peligro que corren la mujer o sus hijos. Debe garantizarse la responsabilidad penal de los maltratadores por incumplir una orden al mismo tiempo que se trabaja en todas las demás iniciativas, incluida la provisión de centros de acogida y órdenes de protección para las víctimas de la violencia doméstica46. Varios casos a nivel internacional muestran que los maltratadores que continúan infringiendo la orden de protección pueden llegar a matar a su víctima47. Esto demuestra que es absolutamente necesario que se tipifique como delito el incumplimiento de las órdenes de protección, a fin de que la policía pueda detener al maltratador48. 86. La Relatora Especial también está preocupada por la manera en que los jueces tratan las medidas de protección, pues con demasiada frecuencia se centran en el tratamiento que debe recibir el maltratador en lugar de en la protección de la víctima 49. Existen otras preocupaciones sobre las órdenes de protección, como el hecho de que no se dicten inmediatamente, que resulten ineficaces debido a su corta duración o que no sean suficientemente claras acerca de la distancia que el agresor debe mantener respecto de la víctima. 87. La falta de coordinación entre las distintas ramas del sistema judicial, por ejemplo, entre los tribunales de familia y los tribunales penales 50, puede obstaculizar el acceso de las mujeres a la seguridad. En algunas jurisdicciones, las víctimas deben elegir entre recurrir a una orden de protección civil o a una sanción penal, si bien una buena práctica es que ambas medidas estén simultáneamente a disposición de las víctimas. Muy a menudo, no existe un mecanismo de coordinación efectivo 51; es necesario establecer sistemas de registro de las órdenes de protección que permitan a la policía o los funcionarios de la justicia penal determinar rápidamente si una orden de este tipo está en vigor. En el caso de 43 44 45 46 47 48 49 50 51 GE.17-09656 Véase, por ejemplo, A/HRC/29/27/Add.3, párr. 44 (Afganistán). Véase Goekce (difunta) c. Austria, párr. 12.3 b). Véanse, por ejemplo, A/HRC/29/27/Add.1, párrs. 36, 78 y 85 (Honduras), A/HRC/29/27/Add.2, párr. 101 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y A/HRC/17/26/Add.5, párr. 110 d) (Estados Unidos de América). Véase Lenahan (Gonzales) y otros vs. los Estados Unidos de América, párr. 168, citando el caso núm. 12.051, Da Penha Fernandes vs. el Brasil, decisión adoptada el 16 de abril de 2001, párr. 56, también citado en Opuz v. Turkey, párr. 86. Ibid. Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, pág. 53. Véase, por ejemplo, A/HRC/23/49/Add.4, párr. 65 (Croacia). Véase, por ejemplo, CEDAW/C/PRT/CO/8-9, párr. 22. Véase Lenahan (Gonzales) vs. los Estados Unidos de América, párr. 215, apartado 4. 17

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