A/HRC/35/30 pruebas puede dar lugar a retrasos que expongan a la víctima a un riesgo mayor. Por regla general, deberían ordenar al maltratador abandonar la residencia de la víctima durante un período de tiempo suficiente y prohibirle entrar en la residencia o ponerse en contacto con la víctima. c) Las órdenes de protección deben ser accesibles de forma independiente o acumulable a otros procedimientos judiciales, como los procedimientos penales o de divorcio contra el maltratador; no deben depender del inicio de una causa penal; y deben poder introducirse en los procedimientos judiciales subsiguientes. Puesto que muchas formas de violencia, en particular de violencia doméstica, son líneas de conducta que se producen durante un espacio prolongado de tiempo, no se deberían imponer límites de tiempo estrictos al acceso a las órdenes de protección. El grado de prueba exigible a la solicitante de una orden de protección no debería ser el mismo que el exigible en las causas penales. d) En cuanto al contenido, las órdenes de protección pueden ordenar al maltratador que abandone la vivienda familiar y que se mantenga alejado a una distancia específica de la víctima y sus hijos (y otras personas, si procede) y de determinados lugares, y prohibirle que se ponga en contacto con la víctima. Puesto que las órdenes de protección no deberían suponer una carga económica o administrativa excesiva para la víctima, también pueden ordenar al maltratador que le proporcione asistencia financiera. e) Con respecto al derecho a solicitar órdenes de protección, se debería permitir que otros actores, como funcionarios públicos, familiares y profesionales pertinentes, puedan presentar dichas solicitudes, al tiempo que se garantice el respeto de la intervención de la víctima. f) En los procedimientos penales deberían utilizarse todas las medidas de protección de que dispongan las autoridades competentes a fin de garantizar la seguridad de las víctimas. En particular, los Estados deberían garantizar que, en la provisión de órdenes de protección, se integren una evaluación adecuada de los riesgos y un enfoque que tenga en cuenta la seguridad del niño. g) Los Estados deberían prever sanciones penales adecuadas en caso de que los maltratadores incumplan las órdenes de protección. h) Los Estados deberían velar por que se efectúe un seguimiento periódico del cumplimiento de las órdenes de protección y por que estas tengan ejecutoriedad automática en todas las jurisdicciones. 113. Asimismo, los Estados deberían garantizar que todos los casos de violencia de género se juzguen de manera oportuna e imparcial, que se ejerza debidamente el procesamiento de oficio y que el procedimiento pueda continuar aunque la víctima retire su denuncia. 114. Además, los Estados deberían evitar la reconciliación obligatoria en los casos de violencia contra la mujer. B. Recomendaciones generales a los Estados 115. Los Estados deberían considerar la posibilidad de formular indicadores adicionales sobre la consecución de la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativa a la eliminación de la violencia contra la mujer, en particular indicadores acerca de los centros de acogida y las órdenes de protección. 116. Los Estados deberían recopilar datos sobre todas las formas de violencia contra la mujer y establecer un “observatorio contra el feminicidio” u “observatorio sobre el asesinato de mujeres por razones de género”, y recopilar y publicar datos anuales sobre el número de feminicidios y analizar cada caso de feminicidio a fin de prevenir futuros casos. GE.17-09656 23

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