A/HRC/RES/52/29 1. Acoge con beneplácito que la Alta Comisionada Interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentara oralmente un informe actualizado provisional sobre la situación de los derechos humanos en Belarús al Consejo de Derechos Humanos en su 51er período de sesiones y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentara un informe exhaustivo al Consejo en el actual período de sesiones1; 2. Expresa profunda preocupación por que prosiga el deterioro de la situación de los derechos humanos en Belarús con posterioridad a las elecciones presidenciales celebradas el 9 de agosto de 2020 y persistan la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas en Belarús desde el 1 de mayo de 2020; 3. Condena al respecto la constante denegación sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular en lo que respecta a la retención de más de 1.462 presos políticos y la detención y reclusión arbitrarias de miembros de la oposición, periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, incluidas defensoras de los derechos humanos, abogados, profesionales de la salud, profesionales de la cultura, docentes, estudiantes, niños, personas pertenecientes a minorías nacionales, miembros de sindicatos y comités de huelga, y otros miembros de la sociedad civil y particulares por expresar opiniones discrepantes y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, tanto en Internet como en medios no electrónicos, en particular quienes manifiestan su oposición o alzan la voz por medios pacíficos tanto frente a la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania como frente al apoyo de las autoridades de Belarús al agresor, y condena también las largas e injustas penas de encarcelamiento impuestas y la retención continuada de personas que permanecen detenidas por tiempo prolongado sin posibilidad de recurrir la legalidad de su detención, así como la falta de información sobre las acusaciones formuladas en su contra, además de las penas severas que, cada vez con más frecuencia, se imponen a los presos políticos sin respeto alguno de las garantías de juicio imparcial, incluido el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías; 4. Expresa profunda y continua preocupación por los informes en los que se alude a actos sistemáticos y generalizados de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de violencia sexual y de género cometidos contra personas detenidas y privadas de libertad en Belarús, incluidos niños, por parte de las autoridades estatales bielorrusas, y por las denuncias de condiciones de detención inhumanas y de denegación del acceso a asistencia médica y jurídica en los centros de detención y las cárceles, que requieren con urgencia una investigación independiente, y lamenta que, a pesar de ser Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, Belarús haya incumplido, según se informa, las obligaciones que le imponen esos tratados; 5. Expresa de nuevo seria preocupación por otros actos graves de motivación política en curso consistentes en reprimir a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil, en particular dictando órdenes de clausura a gran escala o forzando a cerrar a más de 1.231 organizaciones de la sociedad civil, o mediante enjuiciamientos y acoso por motivos políticos, decisiones arbitrarias de retirar licencias profesionales, por ejemplo a abogados, en particular las de aquellos encargados de la defensa de presos políticos en causas penales por motivos políticos, la revocación de acreditaciones de profesionales de medios de comunicación extranjeros, la prohibición de medios de comunicación independientes, el bloqueo de sitios web de medios de comunicación independientes y cortes de Internet, denuncias de numerosas redadas en domicilios particulares y oficinas, la represión de familiares de personas que han abandonado el país, las graves violaciones de las garantías de un juicio imparcial y otros derechos procesales de los acusados, incluido el acceso confidencial a abogados y documentos judiciales, así como las denuncias de desinformación patrocinada por el Estado en Belarús, y un número cada vez mayor de restricciones 1 2 A/HRC/52/68. GE.23-06770