A/HRC/56/58 derechos humanos, tras las presiones ejercidas por un antiguo miembro de la junta directiva de un grupo que era un importante donante de la universidad y que advirtió a la institución de las consecuencias que la contratación de esa persona podría tener en la recaudación de fondos69. Son también ejemplo de ello las presiones ejercidas sobre la Universidad de Harvard, la Universidad de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos) por importantes donantes y antiguos alumnos para exigir la destitución de sus presidentes o el bloqueo de donaciones como represalia por no haber condenado suficientemente el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel 70. 57. En el último decenio, debido a que en países como Australia, el Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido la financiación estatal de la enseñanza superior ha sido escasa o ha ido disminuyendo, las universidades han pasado a depender cada vez más de los ingresos obtenidos por las matrículas de los estudiantes extranjeros, lo que ha dado lugar a situaciones en las que la dirección de la institución se ha plegado a la sensibilidad de esos estudiantes 71 y ha hecho que las universidades sean más susceptibles a la influencia de gobiernos extranjeros72. En Australia, se han elaborado directrices destinadas a combatir la injerencia extranjera en las universidades, en las que se define dicha injerencia como las actividades “llevadas a cabo por un actor extranjero, o en su nombre, que sean coercitivas, clandestinas, engañosas o corruptoras y atenten contra la soberanía, los valores y los intereses nacionales de Australia”. En ellas se subraya que “las actividades de protesta en los campus universitarios pueden ser un signo de buena salud en una sociedad democrática. Sin embargo, en caso de que dichas actividades estuvieran dirigidas en secreto por un Estado extranjero, o de que los miembros de una comunidad hubieran sido coaccionados por un Estado extranjero para participar o no en ellas, se considerarían una injerencia extranjera”73. 58. Además, en muchos países la financiación tiende a canalizarse hacia la investigación científica para determinados programas u objetivos, lo que limita enormemente la posibilidad de emprender actividades de investigación básica y motivada por la curiosidad74. Los consejos estatales de investigación dedican cada vez más fondos a determinados fines e investigaciones75. Algunos gobiernos están adoptando instrumentos, como acuerdos de mandato y mecanismos de financiación, destinados a alinear las actividades de la universidad con los objetivos gubernamentales de satisfacción de necesidades concretas del mercado de trabajo y contribuir al crecimiento económico y la innovación en determinados sectores, o a asignar a las universidades y escuelas superiores fondos con fines específicos ajustados a las prioridades políticas, por lo que dejan de asignarse a investigaciones impulsadas por los investigadores76. Si bien puede ser legítimo que se procure que la investigación financiada con fondos públicos atienda las cuestiones prioritarias, también debe garantizarse que se respeta la libertad académica. Deberían tenerse plenamente en cuenta los efectos de esas políticas en la capacidad de los investigadores para definir sus propios ámbitos de investigación, lo que abarca también la pérdida de capacidad de la dirección de las instituciones de enseñanza superior para realizar sus propias inversiones estratégicas. 59. La comercialización del sector educativo a todos los niveles sigue suscitando notable preocupación. La libertad académica exige un entorno propicio para la investigación desprovista de intereses. Pese a ello, los Estados siguen impulsando la comercialización de la enseñanza superior mediante el recorte de los fondos públicos y el aumento de las tasas de matrícula, dos medidas difícilmente compatibles con los artículos 2 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, en algunos casos, los Estados obligan a que la investigación se realice en colaboración con el sector privado. Las 69 70 71 72 73 74 75 76 GE.24-07473 Véase la comunicación presentada por Human Rights Watch. Robert Reich, “Academic freedom is the loser when big donors hound US university presidents”, The Guardian, 12 de diciembre de 2023. Robert Mendick, “UCL bans lecturer from China course to protect its ‘commercial interests’”, The Telegraph, 8 de marzo de 2024. Véase la comunicación presentada por Human Rights Watch. Véase https://www.education.gov.au/guidelines-counter-foreign-interference-australian-universitysector. Véase la comunicación presentada por la Federazione Lavoratori della Conoscenza. Véase la comunicación presentada por la Association of Swedish Higher Education Institutions. Véase la comunicación presentada por la Canadian Association of University Teachers. 17