A/HRC/55/53 V. Por qué los reasentamientos a menudo socavan los derechos humanos 45. Los efectos perjudiciales de los reasentamientos en los derechos humanos se vienen documentando desde hace tiempo. La observación de los procesos de reasentamiento permite identificar varios fenómenos en su diseño y ejecución que explican por qué determinadas prácticas y regímenes jurídicos suelen tener efectos negativos en las personas afectadas. Una participación insuficiente de las partes interesadas en la concepción, el diseño, la ejecución y la supervisión de los proyectos, el afán megalómano de algunos proyectos, la escasez de fondos, leyes y políticas insuficientes o contradictorias que socavan los procesos de reasentamiento, la falta de buena fe y la deficiente aplicación de las leyes y políticas han afectado de manera negativa a las comunidades reasentadas. 46. En muchos proyectos de desarrollo de infraestructuras y urbanización a gran escala, los inversores no cumplen las normas de derechos humanos. Suele pasar tanto si el inversor es una empresa transnacional como si se trata de una organización internacional. Las instituciones financieras internacionales en general se muestran reacias a reconocer la necesidad de exigir dicho cumplimiento a pesar de sus propias obligaciones jurídicas y de las obligaciones extraterritoriales de los Estados miembros en materia de derechos humanos. Muchos Estados evitan reconocer el desplazamiento involuntario como un tipo de desalojo forzoso. Esta postura les evita tener que cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y también puede aplicarse a la asistencia para el desarrollo y otras formas de inversión y desarrollo extraterritoriales. 47. A menudo, las autoridades públicas no velan por la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales ni supervisan su cumplimiento, especialmente por cuanto respecta a las actividades extraterritoriales de empresas con una actividad transnacional. La deficiente aplicación puede deberse a diversos factores, como la mala gobernanza, la corrupción, la escasez de fondos (en particular para la supervisión estatal), la falta de voluntad o capacidad de los funcionarios o los actores empresariales, el conflicto de intereses financieros y de otro tipo y los problemas de independencia judicial y de acceso a la justicia. 48. Aun cuando se respetan, las leyes, reglamentos y contratos nacionales no siempre están en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y a menudo reflejan desequilibrios de poder, injusticias históricas y prácticas discriminatorias 52. Por ejemplo, los proyectos que provocan desplazamientos involuntarios no suelen cumplir las normas internacionales de derechos humanos. Además, las normas nacionales contemplan distintas maneras de determinar las indemnizaciones, lo que genera resultados desiguales y a menudo negativos53. Asimismo, la mayoría de los desalojos comunitarios a gran escala, especialmente cuando se trata de comunidades rurales e indígenas o asentamientos informales, se producen como consecuencia del ejercicio del dominio eminente de una u otra forma54, y los Gobiernos con frecuencia optan por ejecutar procesos de expropiación en lugar de fomentar un apoyo genuino a los proyectos públicos o privados negociando con las personas afectadas55. 52 53 54 55 GE.24-00501 https://www.worldbenchmarkingalliance.org/corporate-human-rights-benchmark/) y el Food and Agriculture Benchmark (véase: https://www.worldbenchmarkingalliance.org/food-and-agriculturebenchmark/); y la campaña Tras la marca de Oxfam (véase: https://www.behindthebrands.org). Véanse A/73/310/Rev.1, A/76/408, A/HRC/31/54 y A/HRC/49/48. Véase también Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya, 276/2003, 4 de febrero de 2010. Véase Korah y otros, “Analysis of livelihood issues”. Véase A/HRC/47/43. Véase Frank Vanclay, “Project-induced displacement and resettlement: from impoverishment risks to an opportunity for development?”, Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 35, núm. 1 (2017), págs. 3 a 21. 15