Declaración Política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar
la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030
A/RES/70/266
los servicios relacionados con el VIH, y, a ese respecto, consideramos la posibilidad
de garantizar el acceso a esas intervenciones, incluso en los servicios de tratamient o
y divulgación, las cárceles y otros centros de detención, y de promover el empleo,
según corresponda, de la guía técnica para que los países establezcan metas en
relación con el acceso universal de los consumidores de drogas por inyección a los
servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH, publicada por la
Organización Mundial de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA y observamos con preocupación que la estigmatización y la
discriminación basadas en el género y la edad a menudo actúan como obstáculos
adicionales para que las mujeres y los jóvenes que consumen drogas, en particular
los que se inyectan drogas, acudan a los servicios;
44. Expresamos profunda preocupación porque, a pesar de que en general han
disminuido las políticas y actitudes discriminatorias hacia las personas que viven o
se presume que viven con el VIH, están en riesgo de contraerlo o están afectadas por
él, incluidos los infectados también por la tuberculosis, en particular en los países
que tienen muchos casos de tuberculosis y VIH, se siguen denunciado casos de
discriminación, y porque los marcos jurídicos y normativos, incluidos los
relacionados con la transmisión del VIH, continúan desalentando a las personas de
acudir a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo o impidiendo
que usen esos servicios;
45. Observamos con profunda preocupación que, a pesar de que se reconoce la
necesidad de promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente los
enunciados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
y a pesar de que las mujeres y las niñas con discapacidad son más v ulnerables a la
infección por el VIH debido, entre otras cosas, a las desigualdades jurídicas y
económicas, la violencia sexual y basada en el género, la discriminación y las
violaciones de sus derechos humanos, la formulación de la respuesta mundial al
SIDA sigue siendo insuficientemente selectiva y accesible para las personas con
discapacidad;
46. Seguimos preocupados porque las leyes y políticas discriminatorias que
restringen la circulación de las personas que viven con el VIH pueden provocar
daños considerables y denegar el acceso a los servicios relacionados con el VIH, al
tiempo que reconocemos las medidas adoptadas por algunos países para derogar las
restricciones de entrada, estancia y residencia de las personas seropositivas, y que
muchos dirigentes empresariales promueven estudios de viabilidad para evitar la
discriminación;
47. Observamos con grave preocupación que las necesidades integrales y los
derechos humanos de las personas en riesgo de contraer el VIH o que están
afectadas por la infección, y los jóvenes, siguen sin atenderse debidamente porque
no se han integrado bien los servicios de salud, incluidos los de salud sexual y
reproductiva y los relacionados con el VIH, que necesitan sobre todo las personas
víctimas de actos de violencia sexual o violencia basada en el género, entre ellos, la
profilaxis posterior a la exposición, servicios jurídicos y protección social;
48. Acogemos con beneplácito los importantes avances logrados en la
investigación de nuevas herramientas biomédicas de prevención, en part icular el
tratamiento preventivo, la profilaxis anterior a la exposición, los microbicidas
antirretrovirales y la circuncisión médica masculina voluntaria, pero también
reconocemos que es necesario acelerar la investigación y el desarrollo,
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