A/HRC/56/47 deberían establecer responsabilidades y procedimientos institucionales, ofreciendo una orientación cabal a todos los participantes en un proceso de relocalización planificada con el fin de garantizar la coordinación tanto entre las autoridades nacionales y locales como entre los actores humanitarios y del ámbito del desarrollo. También deberían prever consultas comunitarias, procedimientos de toma de decisiones, mecanismos de solución de conflictos, formación y medidas de fomento de la capacidad. Los procedimientos operativos estándar deberían establecer mecanismos de reparación y describir de forma clara los pasos necesarios para atender las reclamaciones planteadas a lo largo del proceso de relocalización. También debería existir un mecanismo para recopilar las observaciones de las comunidades, que también les permita examinar las conclusiones y recomendaciones de las distintas evaluaciones y expresar su acuerdo118. Los procedimientos operativos estándar deberían contemplar asimismo un marco de seguimiento y evaluación de las relocalizaciones planificadas, adoptando un enfoque centrado en las personas que tenga en cuenta las diversas perspectivas y opiniones de los miembros de la comunidad, incluidos los que no se hayan trasladado119, acerca de sus experiencias. Los procesos e informes de seguimiento y evaluación deben ser accesibles al público120. D. Evaluaciones y planificación 69. Los derechos humanos, incluidos los derechos de todas las personas a la vida, a la seguridad personal y a la salud, y el deber de evitar todo desplazamiento que vulnere estos derechos (principio rector 7), exigen que los Estados lleven a cabo evaluaciones del riesgo rigurosas y exhaustivas, no solo en el lugar de origen, para determinar que no existe alternativa a la relocalización, sino también en la zona de destino121, para encontrar lugares de relocalización adecuados y seguros. Estas evaluaciones deberían tener en cuenta los perfiles de peligro biofísico y las diferentes percepciones del riesgo y los posibles efectos en los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, culturales y el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Deberían iniciarse de forma temprana, recabar la participación de la comunidad y tener en cuenta sus fuentes de información y de prueba, también cuando se debatan las opciones de adaptación y las posibles compensaciones, contribuir a crear un clima de confianza e integrar los conocimientos y las perspectivas locales 122. Los procesos de evaluación del riesgo deben respaldar la determinación por parte del Estado de que la relocalización planificada constituye una medida de último recurso123 y entrañar la celebración de consultas efectivas con las comunidades en todas las fases del proceso 124. 70. La obligación de estudiar todas las alternativas posibles para evitar el desplazamiento es especialmente pertinente cuando no existe una situación de emergencia125. Los Estados deben dar prioridad al derecho a permanecer y evitar los desplazamientos mitigando los riesgos ambientales y reduciendo la exposición y vulnerabilidad de las poblaciones en zonas propensas a los desastres mediante la adopción de medidas de reducción del riesgo de desastres y de adaptación al clima. Debe ejercerse la diligencia debida para velar por que las medidas de reducción del riesgo de desastres y de adaptación al clima estén basadas en datos 118 119 120 121 122 123 124 125 GE.24-11873 Fiji, Gabinete del Primer Ministro, Standard Operating Procedures for Planned Relocation in the Republic of Fiji (2023), págs. 7 a 10. Comunicación de Yee, Piggott-McKellar y McMichael. A/HRC/55/53, párr. 70. Comunicación de Moreno y Fry. Ibid. Guía sobre protección de personas por medio de la relocalización planificada ante desastres y cambio ambiental, párr. 10; e Iniciativa Nansen sobre el Desplazamiento Transfronterizo Provocado por Desastres, “Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a Través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático: volumen I”, diciembre de 2015, párr. 94. Véanse también A/HRC/53/28, párrs. 24 y 64 e), y los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo. Scott Leckie y Chris Huggins, eds., Repairing Domestic Climate Displacement: The Peninsula Principles (Routledge, 2016). Walter Kälin, Internal Displacement and the Law (Oxford University Press, 2023). 19