A/HRC/53/38 detenidas en relación con su participación en protestas en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que, como parte de las reparaciones, México debía establecer un programa de formación para la policía y crear un mecanismo de supervisión y vigilancia con el fin de medir y evaluar la eficacia de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y vigilancia del uso de la fuerza42. 64. En muchos países, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley que surgen de regímenes autoritarios o que arrastran el legado de estos necesitan una reforma en profundidad. Si no se reforman y se ponen bajo mando civil, las violaciones de derechos persisten, como se ha visto durante la violenta represión de las protestas en muchos países. El Sudán es un sombrío ejemplo de la forma en que el constante incumplimiento de la obligación de rendir cuentas por crímenes pasados y recientes en el contexto de protestas y responder a las demandas de los manifestantes en favor de un gobierno de transición liderado por civiles ha contribuido a un grave deterioro de la situación, que desembocó en el violento conflicto que estalló en el país en abril de 202343. IX. Necesidad de garantizar una rendición de cuentas centrada en las víctimas y en el papel de la sociedad civil 65. Las políticas de reparación que respetan los derechos exigen la participación activa de las víctimas y sus familiares. Por lo tanto, es importante que las víctimas, sus familiares y representantes, incluida la sociedad civil, tengan un acceso regular y sin restricciones a las investigaciones y los procedimientos conexos. Sin embargo, las víctimas de la violencia estatal y política y las que pertenecen a comunidades marginadas y discriminadas han sufrido a menudo nuevos traumas durante el proceso, con lo que muchas se han mostrado reacias a denunciar la violencia estatal, por ejemplo en el contexto de protestas, o han retirado sus denuncias. Además, las víctimas o sus abogados se enfrentan a represalias y abusos cuando tratan de exigir responsabilidades a autores poderosos o a agentes del Estado. Las activistas que son supervivientes de violencia sexual y de género también se enfrentan a discriminación y exclusión añadidas, e incluso mayores, por parte del sistema judicial y de sus comunidades a la hora de reclamar justicia. En muchos casos, la búsqueda de responsabilidades se ha dejado en manos de las propias víctimas, lo que ha supuesto nuevos obstáculos sociales, económicos y culturales para las que pertenecen a comunidades marginadas y para los niños. 66. Los activistas y manifestantes afectados también pueden ser objeto de nuevas persecuciones o acusaciones penales por denunciar o exigir responsabilidades en relación con delitos cometidos por agentes del Estado. En 2020 en Zimbabwe, tres dirigentes políticas juveniles fueron detenidas y acusadas de falsificar acusaciones sobre su secuestro, tortura y abusos sexuales, presuntamente a manos de agentes de seguridad del Estado 44. Las víctimas de fuerza excesiva y represión policial durante algunas protestas han denunciado haber sido revictimizadas y estigmatizadas como “delincuentes” al solicitar asistencia médica para las lesiones infligidas por las fuerzas del orden. Los activistas han denunciado un trato médico discriminatorio de los manifestantes heridos, que ha disuadido a los manifestantes en estos contextos de solicitar asistencia médica, lo que a su vez ha repercutido negativamente en la conservación de las pruebas de los delitos. 67. Los Estados deben reconocer el importante papel de las víctimas para garantizar la rendición de cuentas y acabar con la impunidad. Las víctimas también deben participar y ser consultadas de cerca sobre el diseño y el funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, incluida la creación de mecanismos de investigación y programas de reparación que respondan a sus necesidades diferenciadas. 68. Las iniciativas de la sociedad civil han sido decisivas para lograr la rendición de cuentas en favor de activistas y manifestantes, ya que se han documentado violaciones de 42 43 44 GE.23-08077 Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México, sentencia, 28 de noviembre de 2018. Véase https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/sudan-un-experts-urge-authorities-ensureimmediate-accountability-past-and. Véase la comunicación ZWE 1/2020. 15