A/HRC/53/38 derechos, se han presentado demandas ante tribunales nacionales y regionales y se ha recurrido a la justicia internacional. Por esta labor, la sociedad civil también ha padecido abusos en forma de represalias. Los Estados han utilizado amplias leyes antiterroristas para calificar de “terrorista” a la sociedad civil que trabaja a favor de la rendición de cuentas y el apoyo a las víctimas. Cabe citar el caso de la designación por parte de Israel de destacadas organizaciones palestinas como terroristas por su labor en materia de rendición de cuentas y por apoyar a activistas detenidos, entre otros, lo que llevó a la obstrucción del acceso a recursos para esas organizaciones y al cierre de algunas de ellas 45. En otro ejemplo, las autoridades rusas han liquidado las principales organizaciones de derechos humanos en una escalada de represión contra la sociedad civil y los manifestantes que se oponen a la guerra, al tiempo que la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros ha contribuido a la autocensura de las organizaciones de la sociedad civil que quedan en el país 46. Estas medidas represivas han entorpecido gravemente la documentación e información de la sociedad civil sobre violaciones graves de derechos humanos, así como la prestación de asistencia jurídica y apoyo a las víctimas. 69. Los Estados deben poner fin a los actos de represalia contra los activistas que promueven la rendición de cuentas. Deben facilitarse, respetarse y protegerse plenamente los derechos de la sociedad civil, las víctimas y los grupos de víctimas a la libertad de reunión pacífica y de asociación, ya que estos derechos ofrecen a las víctimas una vía para participar en los procesos de rendición de cuentas y en la formulación de políticas para hacer frente a los abusos, reparar el daño y garantizar la no repetición. 70. Las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel importante en el fomento de la rendición de cuentas cuando están bien dotadas de recursos y son independientes. Pueden estudiar y armonizar la legislación nacional para que esté en consonancia con la legislación y las normas internacionales de derechos humanos relativas a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; documentar e investigar los abusos graves cuando se produzcan; y apoyar a las víctimas para que obtengan justicia y una reforma institucional que garantice la no repetición de los abusos. Además, pueden apoyar procesos de transición consecutivos a violaciones de derechos a gran escala en el contexto de protestas, reuniendo a víctimas, comunidades y otras partes interesadas. X. Función de la comunidad internacional 71. Aunque los Estados son los principales responsables de garantizar la rendición de cuentas, la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, debe apoyar sistemáticamente a los Estados en la consecución de ese fin. Cuanto más grave es la violación de derechos, más importante es la rendición de cuentas y, por tanto, incumbe especialmente a la comunidad internacional reaccionar ante las violaciones graves de derechos humanos cometidas en relación con el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a fin de garantizar la prevención y disuadir de nuevas y mayores violaciones. 72. Los tribunales regionales y subregionales tienen un papel fundamental en el apoyo a los procesos de rendición de cuentas a nivel nacional. Algunos tribunales regionales han adoptado enfoques importantes que desplazan la carga y el nivel de prueba exigido respecto de las violaciones de los derechos humanos, habida cuenta de que los Estados suelen tener mucho más acceso a la información que las víctimas; esos enfoques deberían adoptarse a nivel general para mejorar el acceso a la justicia de activistas y manifestantes47. En varias ocasiones, los organismos internacionales han mostrado una actitud enérgica, instando a los Estados a aprobar una serie de recursos jurídicos, y han logrado impulsar algunas reformas institucionales y legales a nivel nacional destinadas a evitar la repetición de los abusos y a 45 46 47 16 Véase https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/israelpalestine-un-experts-call-governmentsresume-funding-six-palestinian#. Véase la comunicación RUS 13/2021. Christopher Roberts, “Machalikashvili and others v. Georgia: the critical importance of the burden and standard of proof to human rights adjudication”, Strasbourg Observers Blog, 17 de marzo de 2023. GE.23-08077