A/RES/77/202
Matrimonio infantil, precoz y forzado
25. Insta a los Estados a que formulen o, de ser necesario, examinen las
políticas, las estrategias y los programas apropiados a fin de prevenir y eliminar el
matrimonio infantil, precoz y forzado y abordar las formas múltiples e
interseccionales de discriminación y violencia, incluida la violencia doméstica, que
puede producirse contra las mujeres y niñas sometidas al matrimonio infantil, precoz
y forzado, así como fortalecer los sistemas de protección de la infancia y los
programas de trabajo social mediante políticas que tengan en cuenta las cuestiones
del género y la edad, y a que fijen objetivos y calendarios de aplicación, prestando
especial atención a las niñas con discapacidad, las niñas Indígenas y las niñas en
situaciones vulnerables, en particular las niñas que enfrentan formas de exclusión
social y económica y las que viven en zonas rurales y remotas;
26. Insta también a los Estados a que defiendan los derechos humanos de todas
las mujeres y las niñas con discapacidad, y reconoce que la discapacidad puede
incrementar el riesgo de matrimonio infantil, precoz y forzado, y la importancia de
garantizar que los servicios y los programas diseñados para prevenir y eliminar los
matrimonios infantiles, precoces y forzados sean inclusivos de las mujeres y las niñas
con discapacidad, las involucren activamente y permitan que accedan a ellos;
27. Insta además a los Estados a que garanticen el acceso a la justicia y a
mecanismos y recursos de rendición de cuentas para la aplicación y el cumplimiento
efectivos de las leyes destinadas a prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz
y forzado, en particular trabajando para eliminar los vacíos legales que existan en la
legislación consuetudinaria y facilitando información a las mujeres, las niñas y los
niños acerca de los derechos que les asisten en virtud de las leyes pertinentes, incluso
durante el matrimonio y en el momento de su disolución, mejorando la infraestructura
jurídica y eliminando todas las barreras que impiden el acceso al asesoramiento, la
asistencia y los remedios jurídicos, capacitando a los funcionarios encargados de la
aplicación de la ley, los miembros de la judicatura y los profesionales que trabajan
con las mujeres, las niñas y los niños, y velando por que se supervise la tramitación
de los casos de matrimonio infantil, precoz y forzado;
28. Exhorta a los Estados a que, en colaboración con los interesados
competentes, velen por que las medidas de respuesta a la COVID-19 y los futuros
planes de respuesta y recuperación de emergencia sean exhaustivos, participativos,
tengan en cuenta las cuestiones de la edad y el género y cuenten con financiación
suficiente, promuevan economías y sociedades inclusivas, con iguald ad de género y
sostenibles, y eliminen la desigualdad, la exclusión y la pobreza, que son algunas de
las causas fundamentales del matrimonio infantil, precoz y forzado;
29. Exhorta también a los Estados a que mitiguen las repercusiones de las
situaciones de emergencia y mejoren las medidas de respuesta fortaleciendo la
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados pertinentes
que trabajen a nivel local y nacional y que, a menudo, suelen estar en la mejor
posición para llegar a las comunidades a fin de continuar su labor esencial con las
niñas, las familias y las comunidades locales con miras a prevenir el matrimonio
infantil, precoz y forzado y responder a él, en particular los que trabajen con
comunidades en situaciones vulnerables;
30. Exhorta además a los Estados a que hagan un seguimiento de los efectos
de la crisis de la COVID-19 en la prevalencia del matrimonio infantil, precoz y
forzado en relación con los cambios en materia de roles de género, por ejemplo, en
relación con las tareas domésticas, abandono escolar, acceso limitado a servicios,
número de embarazos tempranos, no deseados o imprevistos y situación económica
de las familias;
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