A/HRC/35/30 inaccesibilidad de los centros de acogida constituían una clara violación de los derechos humanos de la mujer. 44. En un asunto del que conoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal se refirió al riesgo de sufrir violencia y a la obligación de los Estados de adoptar medidas de protección: “Además, a la luz de la obligación positiva del Estado de adoptar medidas operacionales preventivas para proteger a una persona cuya vida corre peligro, cabría esperar que las autoridades, confrontadas a un sospechoso con antecedentes que ha perpetrado actos violentos, adoptaran medidas especiales en consonancia con la gravedad de la situación a fin de proteger a la madre de la demandante” 18. 45. En otro caso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también destacó que, al evaluar si se debía conceder una orden de protección, los tribunales debían tener en cuenta todas las formas de violencia contra la mujer, no solo la violencia que pusiera en peligro la vida. Asimismo, el estándar de prueba que debía cumplir una demandante para que se le concediera una orden de protección no debía ser el mismo que se aplicaba en las causas penales, es decir, que el acto de violencia fuera probado más allá de toda duda razonable. Los tribunales también debían ser conscientes de que muchas formas de violencia, y en particular la violencia doméstica, son líneas de conducta que se producen durante un espacio prolongado de tiempo y, por tanto, no debían imponer límites de tiempo estrictos al acceso a las órdenes de protección19. 46. El Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto de la Comisión de Derechos Humanos determinó la pertinencia de la provisión de centros de acogida en el contexto del derecho a una vivienda adecuada, y señaló que la violencia doméstica podía aumentar considerablemente el riesgo de las mujeres a quedarse sin hogar, especialmente cuando las fuerzas del orden, o incluso el propio ordenamiento jurídico, no les proporcionaban ninguna protección (véase E/CN.4/2006/118, párr. 33). C. Obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados de proporcionar centros de acogida y órdenes de protección 47. De conformidad con el artículo 2 de la Convención, los Estados tienen la obligación de derechos humanos de garantizar que tanto los agentes estatales como los no estatales se abstengan de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer. Los Estados tienen una responsabilidad directa con respecto a la violencia perpetrada por los agentes del propio Estado. El artículo 2 d) de la Convención obliga a los Estados, incluidos sus órganos y agentes nacionales, a abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer, ya sea de forma directa o indirecta, y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. 48. Los Estados también tiene una obligación de diligencia debida relativa a la discriminación y la violencia contra la mujer perpetradas por actores no estatales, incluidos los particulares. El principio de diligencia debida que enmarca la obligación de los Estados con respecto a la violencia infligida por particulares se establece en el artículo 2 e), que obliga a los Estados a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas 20. Por lo tanto, los Estados son responsables de las acciones de los actores no estatales, incluidos los particulares, cuando no cumplen sus obligaciones de diligencia debida. 49. En la recomendación general núm. 19, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer explica, además, que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. 18 19 20 10 Véase la demanda núm. 33401/02, Opuz v. Turkey, decisión de 9 de junio de 2009, párr. 148. Véase la comunicación núm. 20/2008, V. K. c. Bulgaria, dictamen aprobado el 25 de julio de 2011, párr. 9.9. Véase www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/bip_report_january_2016.pdf. GE.17-09656

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