A/HRC/35/30
los centros desarrollar, planificar o proporcionar los servicios requeridos. Las buenas
prácticas demuestran que la financiación estatal tiene que ser segura, ininterrumpida y
suficiente, y que los centros de acogida deberían estar financiados conjuntamente por el
presupuesto del gobierno central y el presupuesto regional o provincial. La obligación del
Estado de proteger a las mujeres de la violencia debe reflejarse también en la asignación de
recursos financieros suficientes a los centros de acogida y las medidas de protección.
73.
Uno de los principales retos en diversos contextos consiste en garantizar el acceso a
modalidades de alojamiento seguras y asequibles a las mujeres y los niños que abandonan
un centro de acogida. Muchas mujeres que han huido de la violencia doméstica se ven
obligadas a regresar a su hogar y enfrentarse de nuevo a la violencia debido a la falta de
servicios que ofrezcan un alojamiento de transición. El acceso a un alojamiento seguro y
asequible para las supervivientes es insuficiente y a menudo inadecuado para satisfacer la
demanda.
Seguridad/confidencialidad
74.
El mandato ha encontrado fricción entre las nociones de seguridad y
confidencialidad de los centros de acogida35. Es una buena práctica no dar a conocer la
ubicación de los centros de acogida a la población en general y que solo la conozcan
aquellas personas que pueden ofrecer a las mujeres acceso a ellos. Los Estados que
proporcionan recursos y licencias a los centros de acogida gestionados por organizaciones
de la sociedad civil podrían llevar a cabo labores de supervisión y evaluación para
determinar qué es lo que se requiere, preservando al mismo tiempo la confidencialidad y la
seguridad del centro. Sin embargo, en algunas situaciones, especialmente en las zonas
rurales, la confidencialidad puede constituir una barrera entre una mujer alojada en un
centro y los familiares que la apoyan; se precisan métodos que aseguren que se mantenga el
contacto sin poner en juego la seguridad y la confidencialidad del centro. Por consiguiente,
se deben aplicar medidas de seguridad adecuadas y se debe vigilar su cumplimiento. “A tal
fin, debería evaluarse la situación en materia de seguridad de cada víctima y elaborarse un
plan de seguridad individualizado sobre la base de dicha evaluación. La seguridad técnica
del edificio es otra cuestión clave para los centros de acogida, ya que los ataques violentos
por los agresores constituyen una amenaza, no solo para las mujeres y sus hijos, sino
también para el personal del centro y otras personas del entorno. Además, es indispensable
establecer una cooperación eficaz con la policía con respecto a las cuestiones de
seguridad”36.
75.
El mandato ha visitado países en los que se retiene a mujeres en centros de acogida a
modo de detención administrativa o “custodia precautoria” 37, aparentemente para garantizar
su seguridad frente a formas de violencia como los asesinatos por honor, pero en realidad
esta práctica se utiliza a modo de castigo por la transgresión, ya sea real o supuesta, de las
normas sociales. En otros países, los centros de acogida se utilizan a efectos de prisión en
espera de juicio, debido a la falta de centros de prisión preventiva para mujeres 38.
Acceso y remisión
76.
Las mujeres pueden requerir alojamiento de emergencia en cualquier momento,
especialmente durante la noche, por lo que es importante garantizar un acceso inmediato a
los centros de acogida. El mandato ha encontrado diversos obstáculos, como el requisito del
reconocimiento formal de la condición de víctima 39. En muchos casos, las mujeres no
pueden acudir a un centro de acogida sin una remisión previa. Por consiguiente, el requisito
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36
37
38
39
GE.17-09656
Véase, por ejemplo, A/HRC/11/6/Add.4, párrs. 72 y 83 h) (República de Moldova).
Véase “Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating
violence against women and domestic violence”, Council of European Treaty Series No. 210, 11 de
mayo de 2011, párr. 134.
Véanse, por ejemplo, A/HRC/26/38/Add.2, párr. 64 (Bangladesh) y A/HRC/20/16/Add.1, párrs. 27 a
28 (Jordania).
Véase, por ejemplo, A/HRC/29/27/Add.3, párr. 53 (Afganistán).
Véase A/HRC/32/42/Add.3, párrs. 57, 84 y 88 (Georgia).
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