A/HRC/35/30
4.
Órdenes de protección
Falta de utilización o de ejecutoriedad de las órdenes de protección
82.
La Relatora Especial ha observado que hay estereotipos culturales generalizados
según los cuales es la mujer la que debe “marcharse” de un hogar violento, en lugar de que
sea su pareja violenta quien deba ser expulsada por menoscabar el disfrute por aquella de su
derecho a una vivienda adecuada43.
83.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que
los Estados deberían asegurar que se utilicen recursos penales y civiles en los casos en que
el perpetrador en una situación de violencia en el hogar plantea una amenaza peligrosa para
la víctima44.
84.
La Relatora Especial también destaca que, en muchas jurisdicciones, las órdenes de
protección no se dictan de manera inmediata a petición de la parte interesada. Además, la
policía no informa a las mujeres de que tienen derecho a solicitar una orden de protección
y, con demasiada frecuencia, las autoridades se niegan a dictar una orden de protección
aunque la ley prevea expresamente esa posibilidad y la víctima la solicite 45.
85.
En otros casos, las autoridades se demoran en dictar la orden de protección durante
tanto tiempo que esta resulta ineficaz y, de hecho, el proceso incrementa el riesgo para la
víctima. Con demasiada frecuencia, las órdenes de protección no se aplican efectivamente y
su incumplimiento no está tipificado como delito. El incumplimiento de una orden puede
aumentar el peligro que corren la mujer o sus hijos. Debe garantizarse la responsabilidad
penal de los maltratadores por incumplir una orden al mismo tiempo que se trabaja en todas
las demás iniciativas, incluida la provisión de centros de acogida y órdenes de protección
para las víctimas de la violencia doméstica46. Varios casos a nivel internacional muestran
que los maltratadores que continúan infringiendo la orden de protección pueden llegar a
matar a su víctima47. Esto demuestra que es absolutamente necesario que se tipifique como
delito el incumplimiento de las órdenes de protección, a fin de que la policía pueda detener
al maltratador48.
86.
La Relatora Especial también está preocupada por la manera en que los jueces tratan
las medidas de protección, pues con demasiada frecuencia se centran en el tratamiento que
debe recibir el maltratador en lugar de en la protección de la víctima 49. Existen otras
preocupaciones sobre las órdenes de protección, como el hecho de que no se dicten
inmediatamente, que resulten ineficaces debido a su corta duración o que no sean
suficientemente claras acerca de la distancia que el agresor debe mantener respecto de la
víctima.
87.
La falta de coordinación entre las distintas ramas del sistema judicial, por ejemplo,
entre los tribunales de familia y los tribunales penales 50, puede obstaculizar el acceso de las
mujeres a la seguridad. En algunas jurisdicciones, las víctimas deben elegir entre recurrir a
una orden de protección civil o a una sanción penal, si bien una buena práctica es que
ambas medidas estén simultáneamente a disposición de las víctimas. Muy a menudo, no
existe un mecanismo de coordinación efectivo 51; es necesario establecer sistemas de
registro de las órdenes de protección que permitan a la policía o los funcionarios de la
justicia penal determinar rápidamente si una orden de este tipo está en vigor. En el caso de
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GE.17-09656
Véase, por ejemplo, A/HRC/29/27/Add.3, párr. 44 (Afganistán).
Véase Goekce (difunta) c. Austria, párr. 12.3 b).
Véanse, por ejemplo, A/HRC/29/27/Add.1, párrs. 36, 78 y 85 (Honduras), A/HRC/29/27/Add.2,
párr. 101 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y A/HRC/17/26/Add.5, párr. 110 d)
(Estados Unidos de América).
Véase Lenahan (Gonzales) y otros vs. los Estados Unidos de América, párr. 168, citando el caso
núm. 12.051, Da Penha Fernandes vs. el Brasil, decisión adoptada el 16 de abril de 2001, párr. 56,
también citado en Opuz v. Turkey, párr. 86.
Ibid.
Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, pág. 53.
Véase, por ejemplo, A/HRC/23/49/Add.4, párr. 65 (Croacia).
Véase, por ejemplo, CEDAW/C/PRT/CO/8-9, párr. 22.
Véase Lenahan (Gonzales) vs. los Estados Unidos de América, párr. 215, apartado 4.
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