A/HRC/35/30 violencia y enjuiciar a los maltratadores. Los Estados necesitan establecer un marco jurídico coherente de leyes armonizadas en relación con servicios de protección como los centros de acogida y las medidas de protección, incluidas las órdenes de protección, así como mecanismos eficaces de cooperación y coordinación entre los diferentes mandatos del sistema del Estado que se ocupan de la violencia contra la mujer. Entre ellos se incluyen la policía, los fiscales, la judicatura y los servicios sociales, los profesionales de la atención de la salud, las ONG y otras organizaciones pertinentes que prestan servicios de primera línea y brindan cooperación interinstitucional para tramitar adecuadamente los casos. Recursos humanos y financieros 102. Los Estados deberían asignar suficientes recursos humanos y financieros para aplicar de manera adecuada políticas, medidas y programas integrados a fin de prevenir y combatir la violencia de género contra la mujer, en particular recursos humanos y financieros apropiados para el establecimiento y la gestión de los centros de acogida, incluidos los gestionados por ONG. Evaluación y gestión de riesgos 103. Los Estados deberían velar por que los agentes de policía y otros profesionales lleven a cabo una evaluación del riesgo para la vida de la víctima, la gravedad de la situación y el riesgo de que se repita la violencia a fin de gestionar el riesgo y brindar protección y apoyo a las víctimas. Los Estados deberían adoptar las medidas necesarias para asegurar que esas evaluaciones se tengan debidamente en cuenta en todas las etapas de la investigación y la aplicación de medidas de protección, y que tomen debidamente en consideración el hecho de que los maltratadores posean armas de fuego o tengan acceso a ellas. Las autoridades competentes también deben ser conscientes del aumento del riesgo de represalias a que se enfrentan las mujeres cuando solicitan asistencia oficial a las autoridades, los tribunales o la policía. Enfoques integrados respecto de la seguridad del niño 104. Los niños testigos de violencia de género contra la mujer tienen derecho a ser escuchados y a que su interés superior sea tomado en cuenta por todos los responsables de la adopción de decisiones como consideración primordial, teniendo también en cuenta la existencia de un contexto de violencia doméstica 66. Los Estados deben crear métodos institucionales para evaluar si los niños han sido testigos de actos de violencia contra la mujer y proporcionar los recursos adecuados para detectar, prevenir y combatir la violencia contra los niños; cuando los agentes estatales no tienen en cuenta el interés superior del niño, el Estado incurre en un incumplimiento de sus obligaciones67. El régimen de visitas acordado a un progenitor violento debe regularse cuidadosamente para garantizar la seguridad de las víctimas y sus hijos. Al establecer centros de acogida y hacer cumplir las órdenes de protección, es preciso aplicar un enfoque integrado con respecto a la seguridad del niño. 105. En ocasiones, la madre que trata de acceder a un centro de acogida tiene a su cargo a hijos menores varones que pueden ser adolescentes. En caso de que existan preocupaciones sobre, por ejemplo, la privacidad de los aseos debido a la presencia de niños varones, los centros de acogida deberían proporcionar un alojamiento adecuado para mantener unidas a esas familias, por ejemplo, viviendas independientes con baño privado. Todos los niños que viven con su madre en los centros de acogida deberían recibir apoyo y asistencia a fin de que puedan proseguir sus estudios con la menor interrupción posible. 66 67 GE.17-09656 Véase Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 13, párr. 3 e). Ibid., párr. 32. 21

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents