A/HRC/35/30
derechos humanos mediante el acceso a centros de acogida/refugios y a órdenes de
protección.
20.
Estas obligaciones están directa o indirectamente consagradas en los instrumentos
internacionales y regionales jurídicos y normativos en materia de derechos humanos, y han
sido enunciadas en mayor detalle por los mecanismos independientes que supervisan su
aplicación. Estos mecanismos incluyen el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer y otros órganos de tratados, los mecanismos regionales de derechos
humanos, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer y otros titulares de
mandatos de los procedimientos especiales. Como se destaca a lo largo del presente
informe, a través de sus recomendaciones y su jurisprudencia, estos mecanismos han
aclarado en mayor medida la obligación de los Estados en materia de derechos humanos de
establecer un marco nacional integral y coordinado para combatir y prevenir la violencia de
género, entre otras cosas mediante la provisión de centros de acogida y órdenes de
protección, que son herramientas esenciales en este marco.
21.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
proporcionan un marco internacional integral en el que la violencia de género contra la
mujer es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres. La violencia de género se define como un acto constitutivo de
discriminación contra la mujer y una violación de los derechos humanos, por lo que impone
a los Estados la correspondiente obligación de prevenir, investigar, enjuiciar y castigar
dichos actos y de proporcionar reparación a las víctimas. La prevención guarda estrecha
relación con el requisito de que los Estados deben proporcionar protección adecuada a las
víctimas, las supervivientes y las posibles víctimas de la violencia.
22.
La recomendación general núm. 19 define la violencia de género contra la mujer
como la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma
desproporcionada. Explica, además, que dicho tipo de violencia menoscaba o anula el goce
de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional
o de los diversos convenios de derechos humanos. Recalca la importancia de los centros de
acogida o “refugios” y especifica que los Estados deberían establecer servicios de apoyo
destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras
formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores
sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento.
23.
Se prevé que este instrumento fundamental, que está siendo actualizado por el
Comité en cooperación con la Relatora Especial, incluya orientaciones adicionales sobre las
medidas necesarias para erradicar la violencia de género. En el presente informe se reflejan
importantes avances en este campo y se proporciona una orientación más detallada acerca
del enfoque basado en los derechos humanos y la obligación de los Estados de proteger los
derechos humanos de la mujer y su seguridad mediante el establecimiento de centros de
acogida/refugios y la aplicación de órdenes de protección.
24.
En la recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la
justicia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoce las
limitaciones financieras a que se enfrentan muchas mujeres víctimas de la violencia e insta
a los Estados a que garanticen el acceso a los centros de crisis, la asistencia financiera, los
refugios, las líneas de emergencia y los servicios médicos, psicosociales y de orientación.
Asimismo, exige a los Estados que adopten medidas para garantizar que las mujeres no se
vean sometidas a demoras indebidas en sus solicitudes de protección y que todos los casos
de discriminación basada en el género comprendidos en el derecho penal, incluida la
violencia, sean tramitados de manera oportuna e imparcial.
25.
En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 se
insta a los Estados a que garanticen que las mujeres objeto de violencia y, cuando
corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de
rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento,
asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como
estructuras de apoyo y, asimismo, a que adopten todas las demás medidas adecuadas para
fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica.
6
GE.17-09656
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