A/HRC/35/30
empoderar a la mujer (art. 3) adoptando medidas para asegurar el pleno desarrollo y
adelanto de la mujer.
37.
La obligación de los Estados de proteger el derecho de la mujer a no ser objeto de
violencia requiere la protección de sus derechos humanos. En la recomendación general
núm. 19, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer enumera
algunos de esos derechos, a saber: a) la protección del derecho a la vida; b) el derecho a no
ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) el derecho a
protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de
conflicto armado internacional o interno; d) el derecho a la libertad y a la seguridad
personales; e) el derecho a igualdad ante la ley; f) el derecho a igualdad en la familia; g) el
derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; y h) el derecho a condiciones de
empleo justas y favorables.
38.
Además, la Convención obliga específicamente a los Estados a adoptar todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales y
asegurar que estas mujeres gocen de condiciones de vida adecuadas y de una vivienda
adecuada (art. 14, párr. 2).
39.
Todos los derechos humanos y libertades fundamentales susceptibles de ser
vulnerados en los casos de violencia contra la mujer constituyen el derecho de la mujer a no
ser objeto de violencia. La Convención de Belém do Pará establece expresamente que la
violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y libertades
fundamentales; en su artículo 3 se establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre
de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
40.
El Convenio de Estambul, en su artículo 4, párrafo 1, también se refiere
expresamente a la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos, y
protege el derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia
tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
41.
Este reconocimiento del derecho de la mujer a no ser objeto de violencia determina
la obligación en materia de derechos humanos de los Estados de proteger a las mujeres
víctimas o posibles víctimas de la violencia contra la mujer mediante la adopción de leyes y
medidas prácticas para prevenir y combatir dicho tipo de violencia, proporcionando un
conjunto integral de servicios, como centros de acogida, y medidas, como órdenes de
protección. Los Estados deberían velar por que los servicios faciliten la recuperación de las
mujeres víctimas de la violencia y les permitan superar las numerosas consecuencias de la
violencia y reconstruir su vida. Para ello es preciso proporcionar acceso a servicios y
medidas de protección que sean accesibles, asequibles, apropiados, aceptables y de calidad,
y que tengan en cuenta una perspectiva de género.
42.
Estos servicios deben estar concebidos específicamente para las víctimas, centrarse
en los derechos humanos de la mujer y en la seguridad y el empoderamiento de las
víctimas, y estar destinados a evitar la victimización secundaria de las mujeres y los niños16.
Dicho enfoque holístico debe aplicarse a todas las fases relativas a la provisión de medidas
de protección, con miras a brindar protección frente a la violencia de género y prevenir y
enjuiciar este tipo de violencia, así como garantizar la rehabilitación de las víctimas de la
violencia y, por consiguiente, su empoderamiento.
43.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se ocupó de la
obligación del Estado de garantizar el acceso de las mujeres con hijos a los centros de
acogida17, y concluyó que el Estado incumplió sus obligaciones cuando la autora de la
comunicación no pudo acudir a un centro de acogida porque ninguno estaba equipado para
aceptarla junto con sus hijos, uno de los cuales padecía una discapacidad, y que el hecho de
no proporcionar alojamiento a una mujer con un hijo con discapacidad constituía una
vulneración de los derechos de la mujer en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 a), b) y e)
de la Convención. En este caso, el Comité consideró que la falta de disponibilidad y la
16
17
GE.17-09656
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, comunicación núm. 47/2012,
González Carreño c. España, decisión de 16 de julio de 2014.
Véase la comunicación núm. 2/2003, A. T. c. Hungría, dictamen aprobado el 26 de enero de 2005,
párr. 9.4.
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