A/HRC/RES/49/26
en virtud del artículo 25 b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lamenta
también que Belarús no haya aplicado las recomendaciones formuladas con anterioridad por
la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa de que celebrara unas elecciones libres, limpias e
inclusivas que respetasen las normas internacionales, y que no haya cooperado cursando una
invitación oportuna, lo que impidió a esa Oficina enviar una misión de observación de las
elecciones presidenciales de 2020 o del referendo constitucional celebrado el 27 de febrero
de 2022 al amparo de un marco jurídico que no tuvo en cuenta dichas recomendaciones;
7.
Observa con profunda preocupación que, según el informe publicado el 17 de
enero de 2022 por la Organización de Aviación Civil Internacional en relación con el
incidente ocurrido con ocasión de un vuelo civil en el espacio aéreo belaruso, las autoridades
belarusas no han presentado pruebas de amenaza que justificaran el desvío del vuelo y su
aterrizaje en Minsk en mayo de 2021;
8.
Insta encarecidamente a las autoridades belarusas a que respeten, amparen y
cumplan plenamente todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos,
en particular las contraídas en virtud de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
Convención sobre los Derechos del Niño;
9.
Insta a este respecto a las autoridades belarusas a que pongan término al uso
excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes y a que dejen de practicar la detención, la reclusión y el
encarcelamiento arbitrarios, así como a que pongan término de inmediato al enjuiciamiento
penal o administrativo, el hostigamiento, la intimidación y la represión arbitrarios de
personas por ejercer sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, e insta a las
autoridades belarusas a que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los
presos políticos detenidos arbitrariamente en el período previo a las elecciones presidenciales
de 2020, durante su transcurso y con posterioridad a ellas, al tiempo que observa que hasta
la fecha se ha puesto en libertad a unos pocos presos políticos;
10.
Exhorta a las autoridades belarusas a que velen por que se celebren elecciones
libres, limpias e inclusivas, a que entablen un diálogo nacional genuino con la oposición
política y la sociedad civil y a que garanticen la independencia del poder judicial y de los
profesionales del derecho, con el fin de restablecer y preservar el estado de derecho, la
democracia y el respeto del derecho y las normas en materia de derechos humanos y, a tal
efecto, colaboren de forma efectiva con la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa;
11.
Reconoce el importante papel que desempeñan los periodistas y otros
trabajadores de los medios de comunicación, los abogados y la sociedad civil, incluidos los
defensores de los derechos humanos —en particular las defensoras de los derechos
humanos—, al seguir llevando a cabo una labor esencial en materia de derechos humanos,
entre otras cosas documentando y haciendo un seguimiento, en circunstancias difíciles, de
las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el período previo a las
elecciones presidenciales de 2020, durante su transcurso y con posterioridad a ellas, y alienta
todos los esfuerzos —entre ellos los realizados por grupos de la sociedad civil belarusa e
internacional— encaminados a documentar las violaciones de los derechos humanos en
Belarús;
12.
Destaca la necesidad de que se rindan cuentas por las violaciones de los
derechos humanos cometidas, lo cual es fundamental para prevenir nuevas violaciones, e
insta a las autoridades belarusas a que velen por que se lleven a cabo investigaciones prontas,
eficaces, independientes, transparentes e imparciales de todas las denuncias de violaciones
de los derechos humanos cometidas en el período previo a las elecciones presidenciales de
2020, incluidos casos de muerte, detención arbitraria, tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes de detenidos y manifestantes y de desaparición forzada y expulsión
forzada, y a que garanticen que las víctimas tengan acceso a la justicia y al resarcimiento,
incluidas reparaciones, y que los culpables rindan plenamente cuenta de sus actos, de
conformidad con las garantías de un juicio imparcial previstas en el derecho internacional de
los derechos humanos, y lamenta que, hasta la fecha, no se tengan indicios de que se hayan
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