Reafirmando su compromiso y firme voluntad política de apoyar unos sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables y las instituciones que los integran, alentando la participación efectiva y la inclusión de todos los sectores de la sociedad, lo cual permitirá crear las condiciones necesari as para promover el programa general de las Naciones Unidas, y reconociendo la responsabilidad de los Estados Miembros de defender la dignidad humana y todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular las afectadas por la delincuencia y las que están en contacto con el sistema de justicia penal, incluidos los miembros vulnerables de la sociedad, independientemente de su condición, que podrían ser objeto de formas múltiples y agravadas de discriminación, y de prevenir y combatir los delitos de odio, así como la delincuencia motivada por la intolerancia o la discriminación de toda índole,