A/HRC/RES/49/3 periódicos a los órganos de tratados correspondientes, y expresando preocupación por la falta de voluntad del Estado para entablar un diálogo constructivo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Expresando preocupación por la continua negativa de Nicaragua a cooperar con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, particularmente la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluida su Oficina Regional para América Central, y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, y reconociendo que esta negativa sigue creando un déficit de protección en el país, Expresando preocupación también por la decisión de Nicaragua de interrumpir su colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos y su denuncia de los instrumentos regionales, y recordando que, dado que sus obligaciones en virtud de instrumentos jurídicamente vinculantes siguen vigentes, los mecanismos de derechos humanos competentes continuarán ejerciendo sus mandatos de vigilancia del país, Expresando gran preocupación por las violaciones de derechos civiles y políticos en el contexto del proceso electoral de 2021, en contravención de las obligaciones de Nicaragua de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos y de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, incluido el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no implementara reformas electorales e institucionales con miras a garantizar unas elecciones libres e imparciales, celebradas de manera transparente, la aprobación y la utilización de disposiciones jurídicas orientadas explícitamente a restringir la capacidad de la ciudadanía nicaragüense para participar en el proceso político, o que podrían utilizarse para ello, la clausura arbitraria de tres partidos políticos de oposición, la negativa a admitir observadores electorales internacionales independientes y creíbles, los actos de violencia para coaccionar a los votantes y la violencia política generalizada durante todo el proceso, Expresando preocupación por el empeoramiento de la tendencia de desplazamiento forzado después del proceso electoral de 2021, encomiando a los Estados vecinos y otros Estados de la región por sus continuos esfuerzos para recibir y acoger a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, y reconociendo al mismo tiempo las consecuencias socioeconómicas y las dificultades que ello tiene para esos Estados y sus respectivas poblaciones, Expresando gran preocupación por la aprobación de disposiciones jurídicas que tienen como objetivo explícito restringir la capacidad de la ciudadanía nicaragüense para ejercer sus libertades fundamentales y participar en el proceso político, o que se han utilizado o podrían utilizarse para ello; por el amplio alcance de la Ley de Amnistía de 2019; y por las medidas legislativas adoptadas recientemente por el Gobierno de Nicaragua —como la modificación de algunas disposiciones del Código Penal y la promulgación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley núm. 977 contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y la Ley núm. 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que no permite optar a cargos de elección popular a quienes se manifiesten a favor de la imposición de sanciones internacionales—, que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos e impiden a las víctimas de violaciones de los derechos humanos ejercer su derecho a un recurso efectivo, que puede incluir la reparación y el derecho a la verdad, y restringen aún más los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de circulación, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y el derecho a la vida privada, reconocidos todos ellos en el derecho internacional, lo que limita injustificadamente la participación política y las actividades de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, Condenando la continuación de las detenciones arbitrarias y las nuevas detenciones arbitrarias —incluidas las practicadas en el contexto del proceso electoral de 2021— de, entre otros, precandidatos presidenciales y dirigentes políticos de la oposición, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas, líderes campesinos y estudiantiles y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y expresando gran preocupación por su integridad, el 2 GE.22-05073