Teniendo presente la Declaración del Milenio, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio el 8 de septiembre de 2000 1 , en la que los Jefes de Estado y de Gobierno resolvieron, entre otras cosas, consolidar el respeto del estado de derecho en los asuntos internacionales y nacionales, adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional y adherirse cuanto antes a todos los instrumentos internacionales pertinentes, redoblar sus esfuerzos para poner en práctica su compromiso de luchar contra el problema mundial de la droga, e intensificar su lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones, incluidos la trata de personas y el blanqueo de dinero,