Reconociendo que todos los miembros de la sociedad, entre ellos las familias, las comunidades y los dirigentes religiosos, tradicionales y comunitarios, desempeñan una función esencial en cuanto a modificar las normas sociales negativas y combatir la desigualdad de género, y reconociendo también que el empoderamiento de las mujeres y las niñas, incluidas las que son víctimas del matrimonio infantil, precoz y forzado, requiere que ellas participen de manera activa, plena, eficaz y significativa en los procesos de adopción de decisiones y como agentes de transformación en su vida y su comunidad propias, por ejemplo mediante organizaciones de mujeres y niñas y grupos feministas,