Convencida de la importancia de prevenir la participación de los niños y los jóvenes en actividades delictivas respaldando su desarrollo y fortaleciendo su resiliencia frente a conductas antisociales y delictivas, de apoyar la rehabilitación de los niños y los jóvenes en conflicto con la ley y su reinserción en la sociedad, de proteger a los niños víctimas y testigos, en particular impidiendo la revictimización, y de atender las necesidades de los niños y los jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y convencida también de que en las respuestas integrales en materia de prevención del delito y de justicia penal se deben tener en cuenta los derechos humanos y el interés superior de los niños,