Reconociendo la necesidad de que los Estados aceleren la elaboración, la puesta en práctica y la transversalización de estrategias que respeten, protejan y hagan efectivo el derecho de todas las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas, a gozar sin discriminación de sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales mediante la aprobación de legislación, políticas y programas que sean inclusivos y accesibles para todas las personas con discapacidad, y afirmando que, para que se realicen sus derechos humanos, es necesario que participen y se las incluya de manera plena, efectiva y significativa en todos los aspectos de la vida pública, política, económica, cultural, social y familiar, en igualdad de condiciones con todas las demás,