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Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Sostuvo que los Estados Miembros debían esforzarse en atender las exigencias de
reparación y justicia restaurativa en lugar de centrarse en la reforma policial, ya que
esta última había demostrado ser insuficiente para hacer frente a los prejuicios racistas
en el mantenimiento del orden. Añadió que las reparacion es financieras y cognitivas
debían abordar toda la gama de discriminaciones que sufrían los afrodescendientes,
incluidos el racismo ambiental y el racismo en la salud pública. La Sra. Barreto señaló
que las respuestas normativas debían prestar especial atención a los grupos
vulnerables, como los niños y los trabajadores domésticos. Los representantes de
Sudáfrica, la Unión Europea, el Brasil y Bélgica presentaron las medidas adoptadas
en sus respectivos países para hacer frente al racismo y la discriminació n racial.
Varios representantes de la sociedad civil expresaron preocupación por la muerte de
personas negras bajo custodia policial en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y por el racismo ambiental que sufrían los afroecuatorianos.
18. La tercera mesa redonda abordó las causas fundamentales del racismo sistémico
a través de vías de recurso, mecanismos de reparación, rendición de cuentas y justicia.
Ursula Doyle, profesora de Derecho de la Universidad del Norte de Kentucky, analizó
el hecho de que las Naciones Unidas no hubieran abordado las leyes y prácticas de
Jim Crow que estuvieron vigentes en los Estados Unidos entre 1877 y 1965. En
contradicción directa con los principios de derechos humanos de la Carta de las
Naciones Unidas, la época de Jim Crow se había caracterizado por la segregación de
las instalaciones públicas, los obstáculos al voto, los desplazamientos forzados, el
robo de tierras, la servidumbre por deudas, el “alquiler” de presos (convict leasing),
las prohibiciones de vagabundeo, las violaciones, las torturas y los linchamientos. La
oradora demostró que los organismos de las Naciones Unidas no habían actuado en
apoyo de las reclamaciones planteadas por los afroamericanos. A pesar de que tanto
la Asamblea General como el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social
y la Corte Internacional de Justicia tenían la capacidad de abordar las prácticas de
discriminación racial y segregación específicas de cada Estado, como lo demuestra la
respuesta de las Naciones Unidas al apartheid en Sudáfrica, se habían abstenido
sistemáticamente de ejercer su autoridad para condenar las leyes y prácticas de Jim
Crow.
19. El coordinador del proyecto “La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad,
patrimonio” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, Tabue Nguma, habló de las reparaciones en relación con la historia.
Explicó que la reparación de siglos de negación de la humanidad y la historia de los
afrodescendientes y de sus contribuciones al progreso de la hu manidad debía
comenzar con la redacción de una historia objetiva y libre de prejuicios. Además,
destacó la importancia de comprender y reconocer que las consecuencias de la
esclavitud seguían estructurando el presente a través del racismo. Así, acabar con el
racismo estructural y ofrecer a todos, sea cual sea su color de piel, un trato justo en
todos los ámbitos de la vida era un requisito previo para “sanar” el presente y
comprometerse colectivamente con un futuro mejor. Añadió que el racismo, que
siempre se expresaba a través del odio, la violencia, la destrucción y las injusticias,
afectaba a todos, no solo a los africanos y afrodescendientes. Por ello, erradicar el
racismo era un imperativo para todos en su esfuerzo colectivo por convertirse en seres
humanos dignos.
20. Durante el diálogo interactivo, la Presidenta del Grupo de Trabajo destacó que
una de las principales deficiencias del marco jurídico internacional era su incapacidad
para abordar los intereses de las grandes minorías dentro de un Estado cuand o estos
intereses diferían de los de la mayoría representada por el Estado a nivel
internacional. Un miembro del Grupo de Trabajo, Michal Balcerzak, señaló que las
acciones de recurso y reparación debían basarse en el derecho internacional, pero que
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