Destacando la necesidad de mejorar la coordinación y la cooperación entre los Estados Miembros en la lucha contra la ciberdelincuencia, lo que incluye prestar asistencia técnica a los países en desarrollo que la soliciten para mejorar su legislación nacional y reforzar la capacidad de sus autoridades nacionales para hacer frente a la ciberdelincuencia en todas sus formas, por medios como su prevención, detección, investigación y enjuiciamiento, poniendo de relieve en este contexto la función que desempeñan las Naciones Unidas, en particular la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, y reafirmando la importancia de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales al utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones,