Consciente de que el derecho a la libertad de opinión y de expresión es un derecho humano garantizado para todos, en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de que constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática y una de las condiciones básicas para su progreso y desarrollo,