Reconociendo que, pese a los avances realizados en la provisión de acceso a una educación de calidad, las niñas rurales siguen teniendo más posibilidades de quedar excluidas de la educación que los niños rurales y que entre los obstáculos específicos en cuanto al género que impiden que las niñas disfruten de su derecho a la educación en pie de igualdad se encuentran la feminización de la pobreza, el trabajo infantil que realizan las niñas, el matrimonio infantil, precoz y forzado, la mutilación genital femenina, los embarazos precoces y repetidos, todas las formas de violencia, incluidos la violencia, los abusos y el acoso por razón de género de camino a la escuela —en su entorno mediado por la tecnología—, en ella o de regreso a casa, la falta de instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas, entre otras cosas para la gestión de la higiene menstrual, la carga, desproporcionada, del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las niñas, y los estereotipos de género y las normas sociales negativas que hacen que las familias y las comunidades valoren menos la educación de las niñas que la de los niños y pueden llegar a influir en la decisión de los progenitores de permitir que las niñas asistan a la escuela,