Destacando la obligación de proteger a los civiles que incumbe a todos los Estados y partes en un conflicto armado, de conformidad con el derecho internacional humanitario, e instando a los Estados Miembros, las Naciones Unidas y demás organizaciones competentes a que adopten nuevas medidas para proporcionar una respuesta de emergencia coordinada a las necesidades alimentarias y nutricionales de las poblaciones afectadas, procurando a la vez que dichas medidas coadyuven a las estrategias y los programas nacionales encaminados a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición,